Por Carlos Hartig.
Tepic.- En el tablero político de Nayarit, la desaparición forzada ha dejado de ser únicamente una tragedia humana proscrita para convertirse en el escenario de una perversa puesta en escena gubernamental. Arturo García, titular de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV), ha vuelto a hacer uso de la tribuna pública no para ofrecer certezas, sino para desplegar una retórica institucional tan pulcra en su forma como miserable en su fondo. Cobijado bajo el desgastado concepto de la «coordinación interinstitucional», el funcionario pretendió transformar el absoluto desamparo de cientos de hogares en una serie de supuestos logros administrativos y convenios de papel. Sin embargo, esta arquitectura del cinismo se desploma de inmediato al confrontarse con el vergonzoso estado de impunidad que impera en la entidad, donde el diseño de los discursos oficiales parece más preocupado por blindar la imagen del gobierno en turno que por rastrear los cuerpos que yacen ocultos en la geografía del estado.
Frente a la lacerante realidad de un 2026 que arranca con un incremento notable en las solicitudes de apoyo y búsqueda, la respuesta de la CEAIV ha rozado la vileza política al recurrir al sofisma de culpar al pasado para maquillar su inoperancia presente. García aseveró de manera inverosímil que este repunte no obedece a un agravamiento de la crisis delictiva actual, sino a un presunto «retorno de la confianza» de víctimas que, tras años de silencio desde administraciones previas (como 2017 o 2018), supuestamente hoy ven en el Estado a un aliado. Semejante afirmación es un insulto directo a la memoria colectiva y a la inteligencia de los ciudadanos; calificar el dolor acumulado y la desesperación de las familias como un voto de confianza hacia su gestión delata una alarmante desconexión moral. Colectivos civiles de la entidad, que en reiteradas ocasiones han tenido que tomar instalaciones y confrontar el despotismo de las oficinas de atención, han dejado claro que la única razón por la que las familias acuden es la pura necesidad de supervivencia, desmantelando la narrativa oficial de un Nayarit pacificado y armónico.
El desglose estadístico que el propio comisionado presentó ante la prensa local y nacional constituye, en realidad, el censo de una catástrofe humanitaria que el Estado se limita a administrar pasivamente. Reconocer un padrón que supera las 800 personas integradas como víctimas indirectas —madres, abuelas e hijos en la total indefensión— no es una cifra para presumir en un informe de labores. La reducción de este infierno social a un esquema de atención de ventanilla, donde se pretende contener el estrés postraumático, la desestructuración familiar y la ruina económica con la sola instalación de carpas de salud temporal o la promesa de vales de despensa en los puntos de reunión, evidencia el fracaso absoluto de la CEAIV como un órgano de verdadera restitución de derechos. El Estado mexicano en Nayarit no está erradicando la barbarie; está normalizándola a través de un asistencialismo cosmético que perpetúa el olvido y sepulta la exigencia de justicia bajo montañas de expedientes archivados.
La abdicación más grave de la responsabilidad gubernamental quedó registrada al abordar las búsquedas urgentes programadas en la conflictiva zona norte del estado. Con una ligereza que raya en la complicidad criminal, García deslindó por completo a la CEAIV de cualquier liderazgo u obligación operativa, declarando de brazos cruzados que se mantienen «en espera» de que la Fiscalía del Estado dictamine las condiciones y los mecanismos de seguridad correspondientes. Esta postura no representa prudencia técnica, sino el abandono explícito de las brigadas de búsqueda, traspasando a las propias familias el costo del peligro y del tiempo perdido en la localización de fosas. Al afirmar, además, que sus métricas internas no registran un repunte delictivo en dicha región norteña, el comisionado exhibe una ceguera institucional pavorosa que ignora el control territorial de los grupos delictivos y el miedo sistémico que silencia a municipios enteros, aislando la realidad del escritorio de la violencia que se respira en el campo de búsqueda.
El contraste de la comparecencia fue de una crudeza insoportable para la opinión pública: mientras el titular de la comisión se regodeaba alabando supuestos convenios interestatales para traslados y retornos —sentenciando con soberbia que Nayarit es el modelo a seguir para que todo el país se unifique en la atención—, de fondo se escuchaba el grito vivo e incorruptible de las víctimas directas, recordándole al sistema que sus vidas quedaron totalmente suspendidas por el crimen organizado, pero que siguen caminando a pesar de la indolencia gubernamental. Esta profunda disonancia demuestra que las delegaciones de la CEAIV en municipios periféricos como Bahía de Banderas o Acaponeta funcionan más como diques de contención burocrática y política que como agencias reales de rastreo y localización. El cacareado avance institucional de la actual administración se diluye por completo cuando se confronta con la opacidad judicial y el nulo índice de sentencias condenatorias contra los perpetradores de estas desapariciones.
La dignidad de los seres humanos que nos faltan no puede seguir siendo utilizada como moneda de cambio para la propaganda de relaciones públicas o el posicionamiento de figuras políticas. El mensaje de los colectivos de Nayarit se ha plantado con una fuerza devastadora en la agenda nacional: no se aceptarán más simulaciones vestidas de legalidad, convenios de papel que no localizan a nadie, ni burócratas de cuello blanco que lucren políticamente con la tragedia humana. Mientras la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas insista en maquillar la realidad y ofrecer discursos triunfalistas en lugar de osamentas plenamente identificadas, el aparato estatal seguirá siendo el principal cómplice de la delincuencia por omisión y cobardía. La lucha civil no va a claudicar ni a moderar su tono, porque frente a un gobierno que administra el dolor, la verdad histórica y la justicia penal representan la última trinchera para rescatar la decencia del estado.
