¿EL COLMO DE LA DESVERGÜENZA? EXMAGISTRADO BAJO FUEGO EN NAYARIT EXIGE AMPARO FEDERAL ¡CONTRA EL MISMO TRIBUNAL QUE ÉL LIDERÓ!
RRC 
Por Carlos Hartig.
Tepic.- En un descarado intento por evadir la acción de la justicia y frenar las consecuencias de los procesos penales que pesan en su contra, el polémico exmagistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Nayarit, Román Carlos Rafael González Momita, ha recurrido una vez más al juicio de garantías. El pasado 16 de junio de 2026 se ventiló públicamente en las listas de acuerdos federales la admisión de un nuevo juicio de amparo indirecto promovido por el exfuncionario, bajo el número de expediente 659/2026, radicado en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Penal del Vigésimo Cuarto Circuito. La ironía del caso estalla en el ámbito político y judicial del estado, ya que el acto reclamado va dirigido directamente en contra de la Sala Penal del propio Tribunal Superior de Justicia de Tepic, la mismísima institución de la que formó parte y cuyas decisiones hoy intenta torpedear desde el exterior.
El historial de González Momita frente a las instituciones públicas se encuentra severamente manchado por acusaciones de corrupción endémica. Ascendió a la cúspide del Poder Judicial nayarita el 18 de diciembre de 2009, cobijado bajo el manto del entonces gobernador Ney González Sánchez —hoy prófugo de la justicia por desfalcos millonarios—. Durante su gestión, que concluyó en diciembre de 2019, González Momita escaló peldaños de gran relevancia y llegó a presidir e integrar salas clave del Tribunal, manejando la impartición de justicia civil, familiar y penal. Sin embargo, su salida de la magistratura no significó el retiro honorable de un jurista, sino el prólogo de un desfile criminal donde la impunidad institucionalizada comenzó a resquebrajarse ante las fiscalías locales y federales.
La actual ofensiva legal del exmagistrado a través del expediente 659/2026 no es un hecho aislado, sino una estrategia sistemática de resistencia frente a las demoledoras pruebas que lo vinculan con la delincuencia de cuello blanco. Es menester recordar que en febrero de 2023, la Fiscalía General del Estado asestó un golpe contundente al conseguir que un Juez de Control dictara el auto de vinculación a proceso en su contra y de otros exmagistrados. Los graves cargos criminales imputados a González Momita incluyen fraude específico, delitos cometidos por servidores públicos, tráfico de influencias, ejercicio indebido de funciones y coalición de servidores públicos. A pesar de la gravedad de estas conductas, que vulneraron la confianza pública del sistema judicial, el exmagistrado ha gozado de medidas cautelares laxas que hoy aprovecha para orquestar bloqueos sistemáticos a través de la justicia federal.
Para la opinión pública nacional, este nuevo amparo representa la cúspide del cinismo judicial: un especialista en las leyes utilizando los resquicios del derecho constitucional para protegerse de los mismos delitos que debió combatir y sancionar. Desde su vinculación formal, a González Momita se le impusieron medidas de restricción tales como la entrega inmediata de su pasaporte y visa para evitar su evasión del país, la prohibición estricta de salir del territorio de Nayarit sin previa autorización judicial, la imposibilidad absoluta de acercarse a los testigos clave del caso, el pago de una garantía económica de 250 mil pesos, y la obligación de firmar de forma quincenal ante las autoridades correspondientes. Este cerco perimetral judicial es precisamente el que hoy pretende dinamitar mediante el juicio de amparo 659/2026.
El entramado de complicidades del que formaba parte González Momita sacude las estructuras del poder nacional porque expone cómo la delincuencia organizada y la de cuello blanco operaron con patente de corso en el estado. Las investigaciones ministeriales señalan que el actuar criminal del exmagistrado estuvo íntimamente ligado a la simulación de procesos jurídicos fraudulentos y fallos a modo diseñados para favorecer a empresarios corruptos y presuntos prestanombres del exmandatario Ney González, como el encarcelado Héctor Cárdenas Curiel. Así, el Tribunal de Justicia del Estado fue utilizado durante una década como una ventanilla de impunidad privada, donde se dictaban sentencias a la carta bajo el amparo de la máxima autoridad jurisdiccional.
El desenlace de este juicio de amparo indirecto mantendrá los reflectores de la prensa nacional sobre el Juzgado Segundo de Distrito de Tepic. Otorgar la protección federal a Román Carlos Rafael González Momita enviaría un devastador mensaje de debilidad institucional y complicidad corporativa en un país harto de la simulación de la justicia. Mientras los ciudadanos enfrentan las consecuencias de un sistema penal lento, los ex altos mandos como González Momita acceden con agilidad a los amparos constitucionales para no pisar la cárcel. La sociedad civil y las fiscalías locales vigilarán de cerca si el juez federal prioriza el combate a la corrupción o si, por el contrario, concede el enésimo manto protector a un exmagistrado imputado por traicionar el juramento de guardar y hacer guardar la Constitución.
