Cuando la ley llega después de la tragedia: Gobierno de Nayarit intenta responder a la crisis de desapariciones con una nueva iniciativa.
RRC 
Por Ricardo Reyes.
Mientras decenas de familias continúan buscando a sus seres queridos y los colectivos han denunciado durante años la insuficiencia de las acciones institucionales, el Gobierno de Nayarit decidió enviar al Congreso del Estado una iniciativa de Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema de Búsqueda de Personas.
La propuesta, recibida por la Diputación Permanente de la XXXIV Legislatura, promete fortalecer los mecanismos de búsqueda e investigación, establecer nuevas responsabilidades para las autoridades y garantizar una actuación más oportuna. Sin embargo, la iniciativa también deja una pregunta inevitable: ¿por qué hasta ahora?
Para cientos de familias, las leyes llegan cuando la tragedia ya está instalada. Durante años han exigido investigaciones eficaces, coordinación entre instituciones, personal especializado, recursos suficientes y, sobre todo, resultados. La respuesta oficial, en cambio, aparece cuando la crisis de desapariciones se ha convertido en uno de los mayores desafíos en materia de derechos humanos.
La iniciativa reconoce, de manera implícita, que el marco institucional existente no ha sido suficiente para enfrentar el problema. Si hoy se considera necesario crear nuevas reglas, también resulta inevitable cuestionar qué ocurrió con las herramientas legales y administrativas que ya estaban disponibles y por qué no lograron ofrecer respuestas efectivas a las víctimas.
Más allá del discurso gubernamental, el reto no será aprobar otra ley, sino romper con la burocracia, la lentitud en las investigaciones y la falta de resultados que durante años han alimentado la desconfianza ciudadana. Ningún ordenamiento jurídico tendrá valor si las carpetas de investigación siguen acumulándose y las familias continúan realizando búsquedas con sus propios recursos ante la ausencia de respuestas oportunas del Estado.
La discusión legislativa representa una oportunidad para fortalecer la protección de los derechos humanos, pero también coloca bajo escrutinio al Gobierno estatal y a las instituciones responsables de procurar justicia. La sociedad no evaluará esta iniciativa por la cantidad de artículos que contenga ni por los discursos pronunciados en el Congreso; la juzgará por la capacidad real de localizar personas, sancionar a los responsables y evitar que nuevas familias enfrenten el mismo drama.
En un estado donde la exigencia de verdad y justicia ha crecido de manera constante, la iniciativa llega con una pesada carga política: demostrar que no se trata únicamente de una respuesta legislativa tardía ni de un mensaje institucional para contener las críticas, sino del inicio de una política pública capaz de ofrecer resultados medibles. Porque en materia de desapariciones, las familias no necesitan más promesas; necesitan respuestas.
