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Por Ricardo Reyes.
El llamado del gobernador de Miguel Ángel Navarro Quintero a que los servidores públicos actúen con ética, transparencia y compromiso social de cara al próximo proceso electoral ha generado cuestionamientos entre diversos sectores políticos y ciudadanos, quienes consideran que el discurso contrasta con la realidad que vive Nayarit.
Durante su mensaje, el mandatario señaló que los intereses particulares no deben estar por encima del bienestar colectivo y exhortó a funcionarios y actores políticos a conducirse con responsabilidad. Sin embargo, para muchos observadores, estas declaraciones llegan en un momento en que la administración estatal enfrenta señalamientos por decisiones polémicas, opacidad en algunas áreas de gobierno y una creciente percepción de utilización política de la estructura gubernamental.
Críticos del gobierno estatal señalan que, antes de exigir ética a sus colaboradores, el Ejecutivo debería rendir cuentas sobre los resultados de una administración que, a tres años de distancia, mantiene pendientes importantes en materia de seguridad, salud, infraestructura y desarrollo económico.
La cercanía del proceso electoral de 2027 también ha encendido alertas sobre la posible participación anticipada de funcionarios en actividades de promoción política. Diversos actores consideran que el llamado a la ética debería traducirse en acciones concretas para garantizar la imparcialidad gubernamental y evitar el uso de recursos públicos con fines electorales.
Mientras el gobernador insiste en privilegiar la transparencia, sectores de la oposición sostienen que la ciudadanía demanda algo más que discursos: exige resultados verificables, rendición de cuentas y un gobierno que predique con el ejemplo.
La declaración de Navarro Quintero ocurre en un contexto de intensa actividad política en Nayarit, donde distintos grupos y aspirantes comienzan a posicionarse de cara a la renovación de la gubernatura. En ese escenario, la exigencia de ética no solo recae sobre los funcionarios, sino también sobre quien encabeza la administración estatal.
Para muchos nayaritas, la verdadera prueba no será escuchar llamados a la honestidad, sino observar si el gobierno estatal está dispuesto a garantizar condiciones de equidad, transparencia y legalidad en un proceso electoral que desde ahora comienza a marcar la agenda política del estado.
