Chihuahua (RRC): Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Guardia Nacional, detuvieron este lunes al exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido comúnmente como lavado de dinero. La captura se llevó a cabo en la capital del estado, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida el 16 de mayo de 2024 por un Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez.
La FGR informó que Duarte, quien gobernó Chihuahua entre 2010 y 2016 bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es investigado por su presunta intervención en un esquema de lavado de dinero durante su mandato. Según las autoridades, el exmandatario habría ocultado recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales, utilizando para ello el Sistema Financiero Mexicano. Esta nueva imputación se suma a los procesos previos en su contra por peculado y asociación delictuosa.
Duarte no es ajeno a las indagatorias judiciales. El 8 de julio de 2020 fue arrestado en Miami, Florida, y extraditado a México el 2 de junio de 2022, tras la solicitud de las autoridades mexicanas. Su caso por peculado y asociación delictuosa sigue siendo tramitado por la Fiscalía estatal de Chihuahua. Para procesarlo por lavado de dinero, la FGR solicitó el 4 de octubre de 2024 una autorización especial al Gobierno de Estados Unidos, la cual fue concedida el 4 de diciembre de 2025, permitiendo la ejecución de la orden federal.
Actualmente, Duarte se encontraba en libertad condicional mientras enfrentaba sus procesos anteriores. Tras la detención, fue puesto a disposición del juez correspondiente para la formalización de cargos. La FGR no ha revelado detalles adicionales sobre el monto de los recursos involucrados ni posibles cómplices, pero enfatizó que la investigación continúa para esclarecer el alcance del esquema ilícito.
Esta captura representa un golpe más al historial controvertido de Duarte, quien fue expulsado del PRI en 2019 tras las primeras acusaciones de corrupción durante su administración. Su sucesor, Javier Corral, inició las investigaciones que derivaron en su fuga inicial a Estados Unidos. Analistas políticos destacan que este caso refuerza la tendencia de accountability contra exgobernadores priistas, en un contexto de mayor escrutinio federal a la corrupción en entidades del norte del país.
Hasta el momento, ni el PRI ni representantes de Duarte han emitido declaraciones oficiales sobre el arresto. La FGR reiteró su compromiso con la persecución de delitos financieros que afectan el erario público. Se espera que en las próximas horas se defina el estatus jurídico del exgobernador, quien podría enfrentar una pena de hasta 15 años de prisión por operaciones con recursos ilícitos, según el Código Penal Federal.
