Por Carlos Hartig.
Tepic.- La administración pública de Santiago Ixcuintla ha transitado de la ineficacia administrativa a la consolidación de un esquema de despojo institucionalizado. Bajo una narrativa de asfixia financiera artificial, el ayuntamiento justifica el sistemático incumplimiento de sus obligaciones contractuales con la base trabajadora, argumentando una absoluta carencia de liquidez que contrasta con la opacidad en el ejercicio del gasto corriente. La denuncia pública articulada por la dirigencia del SUTSEM, encabezada por Oscar Flavio Cedano Saucedo, devela una contradicción estructural: mientras se vulnera el derecho al salario y a las prestaciones laborales elementales de los empleados municipales, el presupuesto público es desviado para el sostenimiento de compromisos clientelares y facturas políticas derivadas del pasado proceso electoral, evidenciando una gestión que prioriza el pago de lealtades facciosas por encima de la legalidad y la estabilidad social.
El escenario de insolvencia que hoy paraliza al municipio no es fortuito, sino el resultado de un endeudamiento crónico que supera los 300 millones de pesos, una cifra que la representación sindical califica técnicamente como un pasivo impagable para las finanzas locales. Ante la inminencia de un estallamiento de huelga legítimamente ordenado por el Instituto Laboral Burocrático, la presidencia municipal ha recurrido al uso patrimonialista del aparato jurídico, interponiendo una cadena de amparos ante el Juzgado Federal. Esta estrategia de dilación legaloide no busca la resolución de fondo del conflicto ni la reestructuración financiera del municipio, sino la evasión temporal de responsabilidades y la retención arbitraria de las prestaciones devengadas por los trabajadores, acumulando una deuda social e institucional que hipoteca el futuro de la demarcación.
El núcleo de la descomposición administrativa radica en el engrosamiento artificial de la nómina mediante la inclusión de aproximadamente 400 plazas conocidas de manera común como “aviadores”. Estas posiciones presupuestales, distribuidas estratégicamente en comunidades aledañas, operan como un mecanismo de retribución hacia los operadores políticos que facilitaron el ascenso del actual edil al poder. El fenómeno adquiere un matiz de profunda contradicción ética y política al recordar que la presente gestión cimentó su discurso electoral en la crítica severa al hipertrofiado aparato burocrático de la administración precedente, encabezada por el exalcalde “Lugo”; no obstante, la praxis gubernamental contemporánea no solo replicó dichos vicios, sino que los profundizó mediante la inserción de perfiles familiares y redes de apoyo político en las estructuras del gasto público.
Lejos de limitarse a un cacicazgo local, el nepotismo en Santiago Ixcuintla se ha configurado como un nodo de tráfico de influencias con ramificaciones en el ámbito estatal. De acuerdo con los rastreos ejecutados en las plataformas de transparencia, la nómina municipal es utilizada como un mecanismo de subsidio encubierto para familiares directos de actores políticos prominentes de todo el estado de Nayarit. El ayuntamiento, en consecuencia, ha sido degradado a la condición de caja chica y depósito laboral de las élites regionales, desvirtuando la naturaleza del servicio público. Frente a los señalamientos, la respuesta del Ejecutivo municipal se ha limitado a una retórica de contención basada en promesas de austeridad y recortes de personal que carecen de ejecución material, un guion reiterativo diseñado para mitigar el costo político ante la proximidad de nuevos horizontes electorales.
Esta patología administrativa no representa un fenómeno aislado, sino un patrón de gobernanza que se replica con alarmante simetría en demarcaciones vecinas como Ruiz, Tecuala, Tuxpan y Rosamorada. Mientras el colapso de los servicios públicos y el deterioro de la infraestructura urbana son la constante para la ciudadanía, los cuerpos edilicios se consolidan como burocracias doradas con percepciones económicas desproporcionadas. El paralelismo con el municipio de Rosamorada resulta ilustrativo: una demarcación dependiente de las transferencias federales que, sin embargo, sostiene dietas para sus regidores de tal magnitud que un ajuste marginal del 30% generaría un ahorro anual de 3 millones de pesos, manteniendo aún así ingresos netos mensuales de 70 mil pesos. Se trata de un modelo de expoliación legalizada donde la clase política se asigna privilegios desmedidos frente a una base trabajadora precarizada.
Finalmente, la viabilidad de este esquema de impunidad descansa en la parálisis deliberada de los órganos de fiscalización y procuración de justicia del estado de Nayarit. A pesar de las denuncias formales interpuestas ante la Auditoría Superior del Estado (ASEN) y la Fiscalía General del Estado, bajo la titularidad de Petronilo Díaz Ponce, los expedientes que involucran a altos mandos municipales y estatales permanecen congelados por más de un año en el archivo institucional. Esta selectividad de la justicia penal —que muestra una celeridad inusitada de diez días para procesar penalmente al ciudadano común, pero garantiza inmunidad de facto a la clase gobernante— ha quebrado la confianza en las instituciones locales. Ante el bloqueo deliberado de las vías estatales, la ruta legal se reorientará hacia la Fiscalía General de la República (FGR) mediante la solicitud formal de la facultad de atracción, apostando por la intervención del fuero federal como único mecanismo para fracturar el pacto de impunidad institucionalizada.
