Por Ricardo Reyes.
Mientras los gobiernos celebran el crecimiento del acceso a internet en los hogares mexicanos y presentan la conectividad como uno de los grandes logros de la transformación digital, la realidad en miles de comunidades del país cuenta una historia muy distinta: para millones de familias, navegar por internet sigue siendo un privilegio y no un derecho garantizado.
El aumento en el número de hogares conectados refleja el avance tecnológico de la última década, pero también deja al descubierto las profundas desigualdades que persisten entre el México urbano y el México rural. En numerosas localidades, la señal es deficiente, los costos del servicio resultan prohibitivos o, simplemente, no existe infraestructura suficiente para acceder a una conexión digna.
La brecha digital no es un problema menor. Significa estudiantes que no pueden acceder a plataformas educativas, emprendedores que pierden oportunidades de negocio, trabajadores limitados para competir en un mercado cada vez más digitalizado y ciudadanos excluidos de servicios gubernamentales que, paradójicamente, cada vez dependen más del internet.
A pesar de los millonarios recursos destinados durante años al desarrollo de las telecomunicaciones, los resultados siguen siendo insuficientes para garantizar una cobertura verdaderamente universal. La conectividad continúa avanzando a diferentes velocidades, favoreciendo a las zonas con mayor desarrollo económico mientras las comunidades más vulnerables permanecen rezagadas.
A este panorama se suma otro problema que las autoridades tampoco han logrado contener: el crecimiento de los fraudes digitales, el robo de identidad y los delitos cibernéticos. Cada vez más mexicanos utilizan internet, pero millones lo hacen sin herramientas suficientes para proteger su información personal ni mecanismos eficaces de respuesta cuando son víctimas de la delincuencia digital.
Presumir estadísticas de cobertura resulta insuficiente cuando la calidad del servicio continúa siendo desigual y el acceso sigue condicionado por el nivel de ingresos o el lugar donde se vive. La transformación digital no puede medirse únicamente por el número de conexiones; debe evaluarse por su capacidad para reducir desigualdades y generar oportunidades para todos.
México avanza en conectividad, pero ese avance sigue siendo incompleto. Mientras millones de ciudadanos permanezcan desconectados o condenados a servicios deficientes, cualquier discurso oficial sobre inclusión digital quedará lejos de reflejar la realidad que enfrenta una parte importante del país.
