Por Ricardo Reyes.
Tepic, Nayarit.- En una muestra más de la subordinación política que impera en el Ayuntamiento de Tepic, el Cabildo aprobó por unanimidad la licencia de la presidenta municipal, Geraldine Ponce Méndez, para separarse de su cargo, sin que existiera un solo cuestionamiento público sobre las razones de su salida, los resultados de su administración o las consecuencias que tendrá este nuevo relevo para los ciudadanos.
La decisión exhibe una realidad cada vez más evidente en la política mexicana: los cargos públicos son utilizados como escalones políticos y no como compromisos adquiridos con los ciudadanos. Miles de tepicenses votaron por una persona para encabezar el gobierno municipal durante un periodo determinado, pero una vez más observan cómo quien solicitó su confianza abandona el puesto antes de concluir la responsabilidad para la que fue electa.
Mientras el discurso oficial habla de “continuidad” y “transformación”, la realidad es que Tepic sigue enfrentando rezagos en infraestructura urbana, deficiencias en servicios públicos, problemas de movilidad, calles deterioradas, colonias con carencias históricas y una creciente percepción ciudadana de que la propaganda gubernamental ha superado ampliamente a los resultados concretos.
La llegada de la suplente, Blanca Patricia Simancas Bueno, lejos de representar una transición democrática o una renovación administrativa, es vista por diversos sectores como una simple extensión del mismo grupo político que ha controlado el Ayuntamiento durante los últimos años. En los hechos, el cambio parece más una sustitución de rostro que una modificación de rumbo.
Particularmente preocupante resulta la actitud de los integrantes del Cabildo, quienes aprobaron la licencia sin oposición, sin debate visible y sin exigir explicaciones detalladas sobre el estado que guarda la administración municipal. La unanimidad absoluta no refleja necesariamente consenso ciudadano, sino la ausencia de contrapesos institucionales capaces de cuestionar decisiones que impactan directamente a la población.
La salida de Geraldine Ponce también deja abierta una interrogante incómoda: si el proyecto de gobierno que tanto se promovió era tan exitoso como se presume, ¿por qué abandonar el cargo antes de concluir el mandato para el que fue elegida? La respuesta oficial no ha logrado disipar las dudas de quienes consideran que los intereses políticos personales han terminado por imponerse sobre las necesidades de la ciudad.
Para muchos ciudadanos, la escena resulta familiar: funcionarios que llegan al poder prometiendo cercanía y compromiso, pero que posteriormente utilizan el cargo como plataforma para nuevos proyectos políticos, dejando pendientes sin resolver y responsabilidades inconclusas.
Hoy Tepic enfrenta un cambio de mando que el gobierno intenta presentar como un acto de normalidad institucional. Sin embargo, detrás de los discursos optimistas persiste una percepción creciente de desgaste, opacidad y falta de rendición de cuentas. Lo que debería ser una explicación clara a los ciudadanos terminó convirtiéndose en un trámite político aprobado sin cuestionamientos.
Más que una transición administrativa, lo ocurrido en Cabildo refleja una práctica que sigue debilitando la confianza pública: la de gobernantes que piden el voto para ejercer un cargo, pero que abandonan la responsabilidad antes de cumplir el compromiso adquirido con la ciudadanía.
