Por Carlos Hartig.
Ciudad De México.- En un acto de resistencia que ha escalado a la máxima tribuna del país, integrantes del colectivo “Batalla por la Playa” irrumpieron este martes en el Senado de la República para exigir que se frene la impunidad inmobiliaria en Bahía de Banderas, Nayarit. Los activistas denunciaron meses de confrontaciones con la empresa Cantiles de Mita, filial de Grupo Dine, que desde marzo pasado comenzó la edificación de un complejo residencial de lujo a escasos metros de la línea de costa en playa Las Cocinas. Con la urgencia de quien defiende su patrimonio natural, el activista Erik Saracho lanzó un contundente llamado frente a los legisladores: “Necesitamos su apoyo y que todo México ponga atención en Nayarit”.
La intervención de Erik Saracho, director de la Alianza Jaguar A.C., resonó con especial gravedad en el recinto legislativo al evidenciar el clima de alta vulnerabilidad y peligro inminente que acecha a quienes alzan la voz en la Riviera Nayarita frente a los intereses de los megaproyectos turísticos. Saracho expuso ante la Cámara Alta que la disputa en Punta de Mita rebasó los límites de un conflicto administrativo, convirtiéndose en un asunto de seguridad nacional y derechos humanos. El propio defensor del territorio sufrió hace unos meses un ataque directo afuera de su casa, una agresión armada que la comunidad vincula de forma presunta con su férrea labor en la defensa de las playas públicas y los recursos naturales de la costa del Pacífico.
La digna resistencia de los pobladores resalta el violento choque entre el avance del turismo de exclusión y los derechos de las comunidades originarias. “Mucho antes de los hoteles, de los campos de golf y del desarrollo turístico, aquí existía una comunidad de pescadores”, recordó Eduardo Huerta, integrante del colectivo, al visibilizar que la voracidad empresarial atenta contra familias trabajadoras que históricamente han coexistido con el entorno marítimo. Esta disputa comunitaria ha estado marcada por una preocupante escalada de represión local, documentándose el despliegue de maquinaria pesada sobre la arena, choques con policías estatales y la persecución judicial a través de la liberación de ocho órdenes de aprehensión por parte de la Fiscalía de Nayarit contra los manifestantes legítimos.
Aunque la fiscal general del Estado, Elvia Ludmila Heredia Verdugo, argumentó que las órdenes de captura respondieron a presuntos daños a la propiedad previos a las manifestaciones y que finalmente no se ejecutarán debido a los amparos promovidos por los ciudadanos, el colectivo advierte que la criminalización busca amedrentar la movilización. Sin embargo, el rumbo del conflicto dio un vuelco definitivo tras la emisión de un dictamen técnico por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). La dependencia federal reconoció formalmente la existencia de graves irregularidades e incumplimientos en las obras de enrocamiento y contención ejecutadas por la constructora dentro de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat).
De acuerdo con las inspecciones de la Semarnat, la Profepa y la Fiscalía General de la República (FGR), los trabajos de infraestructura desarrollados por Grupo Dine “exceden las condiciones autorizadas” en la concesión federal otorgada originalmente bajo el régimen de protección. Dicha naturaleza legal únicamente permite mantener la superficie costera en su estado natural y prohíbe tajantemente cualquier tipo de construcción o infraestructura permanente. Este resolutivo federal desmiente de manera categórica el posicionamiento oficial del consorcio inmobiliario, el cual había asegurado a la opinión pública que sus obras no causaban daño ecológico y que respetaban el libre tránsito por la playa.
Ante las contundentes evidencias de que el consorcio realizó un “uso indebido” del bien público, la Semarnat confirmó que la concesión de la Zofemat se encuentra en un proceso formal de revisión para su posible revocación. Al respecto, los defensores ambientales Pepe Ávila y Efraín López informaron ante la Cámara Alta que la comunidad organizada ya ha interpuesto una denuncia popular ante la Profepa para evaluar minuciosamente las afectaciones provocadas a la dinámica natural de la playa y promovió una demanda de amparo para salvaguardar el derecho humano a un medio ambiente sano. Con la mirada puesta en la justicia federal, los pobladores pretenden que la intervención del Senado sirva como un freno definitivo a la privatización simulada de los litorales de México.
