Reyes 
Ciudad de México (RRC): La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo echó abajo las versiones que advertían sobre una supuesta cuenta regresiva de 60 días en torno al caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y dejó claro que, hasta este momento, no existe ningún plazo fatal que obligue a resolver el procedimiento antes de que concluya junio.
Durante su conferencia matutina, la mandataria federal fue categórica: el término de 60 días sólo aplicaría si existiera un juicio formal de extradición entre México y Estados Unidos, escenario que, aseguró, no corresponde a la situación actual.
“No hay plazo. Habría plazo si fuera un juicio formal de extradición”, sentenció.
Con esta declaración, Sheinbaum desactivó las especulaciones surgidas en los últimos días sobre una presunta fecha límite para que autoridades estadounidenses entregaran pruebas relacionadas con las acusaciones que pesan sobre Rocha Moya y otros exfuncionarios sinaloenses.
La presidenta explicó que lo que existe hasta ahora es una solicitud de detención provisional promovida por autoridades de Estados Unidos, pero no una petición formal de extradición acompañada de todos los elementos jurídicos requeridos para activar los tiempos previstos en el tratado bilateral entre ambos países.
En ese sentido, sostuvo que el Gobierno de México continúa a la espera de información adicional que sustente la petición estadounidense y advirtió que, si no se presentan pruebas suficientes, la solicitud podría ser rechazada.
Sin embargo, precisó que ello no significaría el cierre definitivo del caso, pues las autoridades norteamericanas conservan la posibilidad de iniciar posteriormente un procedimiento formal de extradición conforme a los mecanismos legales establecidos.
El caso Rocha Moya se ha convertido en uno de los episodios de mayor tensión política y diplomática entre México y Estados Unidos, luego de que fiscales estadounidenses señalaran presuntos vínculos del mandatario sinaloense con estructuras del crimen organizado, acusaciones que han sido negadas por el propio gobernador y por su defensa.
La postura de la titular del Ejecutivo federal busca enfriar el clima de incertidumbre que rodea al expediente y desmontar la narrativa de un supuesto «reloj jurídico» corriendo en contra del exmandatario estatal.
Por ahora, el mensaje desde Palacio Nacional es contundente: no existe una fecha fatal ni un ultimátum legal en el caso Rocha Moya. Mientras no haya un juicio formal de extradición, los plazos simplemente no corren.
La incertidumbre, sin embargo, permanece. Porque aunque el reloj de los 60 días haya sido desmentido, las preguntas sobre el futuro político y jurídico del gobernador sinaloense siguen sin respuesta.
