Tepic, Nayarit (RRC): La crisis de confianza hacia las corporaciones policiacas municipales en Nayarit continúa profundizándose. Los municipios de San Blas, Tuxpan, Santiago Ixcuintla y Bahía de Banderas concentran las principales quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos relacionadas con detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza, reveló el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (CDDH) de Nayarit, Carlos Prieto Godoy.
El señalamiento exhibe que, pese a los constantes discursos oficiales sobre profesionalización, capacitación y respeto a los derechos fundamentales, en estos municipios persisten prácticas que han sido denunciadas de manera reiterada por ciudadanos que afirman haber sido víctimas de abusos por parte de elementos policiacos.
Las quejas documentadas por el organismo defensor de los derechos humanos reflejan una problemática que no ha sido atendida de fondo por las autoridades municipales, las cuales continúan sin erradicar conductas que vulneran garantías individuales y deterioran la confianza de la población en las instituciones encargadas de brindar seguridad.
Lejos de tratarse de hechos aislados, la recurrencia de denuncias en los mismos municipios pone en evidencia la falta de mecanismos efectivos de supervisión, control interno y rendición de cuentas dentro de las corporaciones policiacas, donde los protocolos para el uso legítimo de la fuerza parecen seguir sin aplicarse de manera adecuada.
La situación resulta especialmente preocupante porque las detenciones arbitrarias y el uso desproporcionado de la fuerza representan algunas de las violaciones más graves cometidas por servidores públicos, al implicar un abuso de autoridad que afecta directamente los derechos y la integridad de los ciudadanos.
El pronunciamiento de la CDDH vuelve a colocar bajo escrutinio el desempeño de los gobiernos municipales, que ahora enfrentan el reto de demostrar que existe voluntad para investigar, sancionar y corregir estas prácticas, en lugar de permitir que las denuncias se acumulen sin consecuencias.
Para especialistas en derechos humanos, mientras no existan investigaciones imparciales y sanciones contra los responsables, la percepción de impunidad seguirá debilitando la credibilidad de las instituciones de seguridad pública y alimentando el temor de la ciudadanía frente a quienes deberían protegerla.
