El tema de las supuestas amenazas del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, a empresarios ha generado controversia reciente. Según reportes, Armenta solicitó a la inmobiliaria Grupo Proyecta la donación de dos hectáreas para construir viviendas para policías, advirtiendo que, de no cumplirse en 30 días, iniciaría un proceso de expropiación de cuatro hectáreas. Esto fue interpretado por algunos como una amenaza, desatando críticas de legisladores de oposición y sectores empresariales, quienes lo acusaron de intimidación y de violar el estado de derecho. Por ejemplo, Ricardo Anaya, del PAN, señaló que gobernar no es intimidar, sino construir consensos, mientras que Federico Döring calificó la acción como un «atraco» a la propiedad privada.
Por su parte, Armenta aclaró que no se trata de una amenaza, sino de una «convocatoria» para que los empresarios actúen con responsabilidad social, argumentando que los terrenos en cuestión, hoy de alta plusvalía, fueron adquiridos a bajo costo de campesinos en el pasado. Insistió en que su gobierno apoya a los empresarios, pero busca justicia para sectores como los policías, de los cuales el 50% carece de vivienda digna. En una entrevista con N+, enfatizó que cualquier acción estaría apegada a la ley y que su intención es trabajar con empresarios comprometidos con el bienestar social.
El debate refleja tensiones entre intereses empresariales y las políticas del gobierno estatal, con posturas divididas: unos ven en las declaraciones de Armenta un abuso de poder; otros, un intento de equilibrar desigualdades históricas. Hasta ahora, no hay evidencia de que el proceso de expropiación haya iniciado, y el tema sigue en discusión pública.
