Por Ricardo Reyes.
Mientras se insiste en presumir un supuesto “compromiso con la transparencia y el cuidado del patrimonio universitario”, la realidad en la gestión institucional vuelve a mostrar una dinámica más cercana al trámite burocrático que a la verdadera rendición de cuentas.
Durante la Sesión Ordinaria del Comité de Desincorporación de Bienes, se analizaron, revisaron y dictaminaron tres proyectos de desincorporación patrimonial bajo el amparo del Reglamento General de Patrimonio de la UAN, mismos que serán turnados al Consejo General Universitario para su eventual aprobación.
Sin embargo, el lenguaje institucional vuelve a encubrir lo esencial: no se detallan públicamente los bienes involucrados, su valor, su estado físico ni los criterios técnicos que justifican su salida del patrimonio universitario. Todo se reduce a fórmulas administrativas que apelan a la “eficiencia” y la “responsabilidad”, pero sin ofrecer información verificable a la comunidad universitaria ni a la opinión pública.
El problema no es únicamente la desincorporación en sí, sino la forma en que estos procesos se manejan: opacos, centralizados y con escasa explicación sobre el destino final de los recursos o el impacto real en el patrimonio institucional.
Bajo el argumento de “fortalecer una gestión eficiente y responsable”, se repite un esquema donde las decisiones patrimoniales quedan encerradas en comités y consejos, mientras la transparencia efectiva sigue siendo más un eslogan que una práctica consolidada.
En este contexto, la comunidad universitaria permanece al margen de decisiones que, aunque se presentan como técnicas y administrativas, tienen implicaciones directas sobre el uso, conservación y destino de bienes que pertenecen a la institución pública.
