Por Ricardo Reyes.
La entrega de 67 nuevas concesiones de taxi por parte del Gobierno de Nayarit no solo representa la incorporación de nuevos permisionarios al transporte público; también reabre el debate sobre un modelo que, para numerosos ciudadanos y especialistas en movilidad, continúa privilegiando el control gubernamental del sector por encima de una verdadera modernización del servicio.
La administración estatal justificó la decisión como un reconocimiento a operadores con más de diez años de experiencia. Sin embargo, el anuncio llega mientras miles de usuarios siguen enfrentando un sistema con deficiencias, unidades envejecidas, cobertura limitada y escasas alternativas de movilidad.
La mayor contradicción radica en que, mientras el Gobierno abre la puerta a nuevas concesiones para el esquema tradicional, mantiene una postura restrictiva hacia las plataformas digitales de transporte, limitando la competencia y reduciendo las opciones para los ciudadanos. En los hechos, la política pública parece favorecer un modelo cerrado en lugar de incentivar mejores servicios mediante la libre competencia.
A ello se suma la falta de información detallada sobre los criterios utilizados para seleccionar a los 67 beneficiarios. Aunque se informó que cuentan con amplia trayectoria como operadores, la ciudadanía aún espera conocer con claridad los mecanismos de evaluación, la integración de los expedientes y las razones específicas que sustentaron cada asignación. Cuando se trata de concesiones con un importante valor económico, la transparencia deja de ser un discurso y se convierte en una obligación.
Diversos analistas han advertido durante años que el sistema de concesiones en México ha sido históricamente vulnerable a la discrecionalidad y al uso político. Por ello, cada nueva entrega exige un nivel de escrutinio público mayor, especialmente cuando no se acompaña de una reforma integral que garantice competencia, calidad del servicio y rendición de cuentas.
Mientras el Gobierno presume la entrega de permisos como un logro administrativo, los usuarios siguen esperando lo verdaderamente importante: transporte seguro, eficiente, moderno y con tarifas competitivas. La discusión no debería centrarse únicamente en quién recibe una concesión, sino en por qué la movilidad en Nayarit continúa rezagada frente a estados que han optado por abrir el mercado e impulsar la innovación.
La entrega de estas 67 concesiones deja una pregunta inevitable: ¿se está construyendo un mejor sistema de transporte para los ciudadanos o simplemente se fortalece un modelo que concentra el control del servicio en decisiones gubernamentales, sin resolver los problemas que afectan diariamente a miles de nayaritas?
