Por Ricardo Reyes.
El discurso oficial vuelve a chocar con la realidad. Mientras la Comisión de Obras Públicas, Comunicaciones y Transportes del Congreso de Nayarit anunció la aprobación de una reforma a la Ley de Movilidad con la promesa de construir un sistema «más seguro, eficiente e incluyente», el Gobierno del Estado mantiene una postura de rechazo hacia las plataformas digitales de transporte, dejando al descubierto una contradicción que cada vez resulta más difícil de justificar.
Hablar de inclusión mientras se cierran las puertas a servicios como Uber e InDrive envía un mensaje de incertidumbre jurídica, resistencia a la competencia y escasa apertura a la innovación. La pregunta es inevitable: ¿para quién es realmente la nueva movilidad que presume el gobierno?
La negativa a permitir condiciones claras para la operación de estas plataformas no solo afecta a miles de usuarios que demandan más opciones para trasladarse con rapidez y seguridad. También golpea directamente a cientos de familias que podrían obtener ingresos como conductores y desalienta la llegada de inversiones tecnológicas que buscan establecerse en entidades con reglas claras y gobiernos abiertos a la innovación.
En prácticamente todo el país, las plataformas digitales dejaron de ser un experimento para convertirse en una herramienta cotidiana de movilidad, generación de empleo y desarrollo económico. Sin embargo, Nayarit parece decidido a caminar en sentido contrario, defendiendo un modelo que limita la competencia y reduce las opciones de los ciudadanos.
El costo político de esta postura comienza a crecer. Cada usuario que no encuentra transporte, cada turista que enfrenta dificultades para desplazarse y cada inversionista que observa un entorno hostil para la innovación representa un voto de confianza perdido hacia un gobierno que asegura impulsar la modernización, pero que en los hechos mantiene barreras para quienes ofrecen alternativas.
La reforma aprobada en comisión corre el riesgo de convertirse en un documento de buenas intenciones si no se acompaña de decisiones congruentes. La movilidad del siglo XXI exige competencia, tecnología y libertad de elección, no políticas que favorezcan monopolios de facto ni decisiones que parecen responder más a intereses particulares que al bienestar colectivo.
La ciudadanía no necesita discursos sobre movilidad incluyente; necesita resultados. Porque una ley que presume modernidad mientras se combate la innovación termina siendo un símbolo de atraso institucional. Y ese costo, tarde o temprano, se refleja tanto en la economía como en las urnas.
