Por Ricardo Reyes.
Tepic, Nayarit.— En pleno 2026, mientras la transformación digital redefine la movilidad en México y el mundo, el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero parece decidido a mantener a Nayarit atrapado en un modelo de transporte que muchos consideran rebasado por la realidad.
Su rechazo abierto a plataformas como Uber e InDrive no solo representa un freno a la innovación, sino que exhibe una administración que, en lugar de generar condiciones para la competencia, prefiere levantar barreras y cerrar oportunidades para miles de ciudadanos.
La postura del Ejecutivo estatal ha provocado que Nayarit continúe rezagado frente a entidades donde estos servicios operan bajo reglas claras, generan empleo, amplían las opciones de movilidad y obligan a todos los prestadores del servicio a elevar su calidad.
La pregunta es inevitable: ¿por qué un gobierno que presume impulsar el desarrollo se empeña en bloquear alternativas que los ciudadanos demandan?
Mientras miles de nayaritas buscan opciones de transporte más seguras, eficientes y con tarifas transparentes, la respuesta oficial ha sido la prohibición, los operativos y la amenaza de sanciones. En lugar de construir una regulación moderna, la administración estatal insiste en una política que muchos consideran proteccionista y alejada de las necesidades reales de la población.
El mensaje que envía el gobierno de Navarro Quintero trasciende el conflicto con Uber e InDrive. También proyecta una imagen de incertidumbre para la inversión y de resistencia frente a la innovación tecnológica, justo cuando los estados compiten por atraer empresas, generar empleos y fortalecer su economía.
Cada día que pasa sin una regulación moderna significa menos oportunidades para quienes desean trabajar mediante plataformas digitales y menos libertad para los usuarios que simplemente quieren decidir quién presta el servicio que pagan.
Hoy, el debate ya no es únicamente sobre aplicaciones de transporte. Es sobre la visión de gobierno que se quiere para Nayarit: una que promueva la competencia, la innovación y la libertad de elección, o una que continúe defendiendo esquemas que numerosos ciudadanos consideran agotados.
Porque cuando un gobierno decide limitar las opciones de la población en lugar de regularlas con inteligencia, el principal afectado deja de ser una empresa tecnológica. El verdadero perjudicado es el ciudadano, que termina pagando con menos opciones, menor competitividad y un estado cada vez más distante de la modernidad.
