La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción notificó formalmente a Juan López Salazar, ex rector de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) prófugo desde hace diez años, un plazo perentorio de 90 días naturales para reclamar legalmente dos propiedades aseguradas en Tepic y San Blas. La autoridad advirtió que, de no comparecer él o sus representantes para acreditar la procedencia lícita de los inmuebles, estos pasarán de forma definitiva al patrimonio del estado bajo la figura de abandono de bienes, como parte de la histórica persecución penal por un desfalco superior a los 500 millones de pesos que mantiene al ex funcionario con orden de aprehensión y ficha roja de Interpol.
Por Carlos Hartig.
El fantasma de la corrupción sistémica que sepultó financieramente a la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) vuelve a agitar con fuerza los tribunales locales, abriendo un escenario de ultimátum definitivo que busca poner fin a años de evasión judicial. La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción ha lanzado el que podría ser su golpe de autoridad más contundente en el caso, al notificar de manera oficial a Juan López Salazar, ex rector de la máxima casa de estudios y hoy prófugo internacional de la justicia, un plazo fatal e improrrogable de 90 días naturales. El mandato judicial es categórico y no deja margen a la ambigüedad: o el ex funcionario o sus representantes legales debidamente acreditados comparecen ante el Ministerio Público para defender y demostrar el origen lícito de dos valiosas propiedades actualmente aseguradas en los municipios de Tepic y San Blas, o estos inmuebles pasarán de forma irrevocable y permanente a formar parte del patrimonio económico del estado de Nayarit, aplicando la figura legal de la declaratoria de abandono de bienes en favor de la hacienda pública.
Este agresivo requerimiento judicial no es un acto aislado, sino el resultado de un largo e intrincado rastreo ministerial que tiene su origen en la ya histórica carpeta de investigación NAY/TEP-III/OJ/3131/17 —estrechamente vinculada a las causas penales 328/17 y 1554/2017—, un expediente que en su momento conmocionó a la sociedad nayarita al documentar un boquete financiero inicial tasado en más de 375 millones de pesos correspondientes a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015. Sin embargo, a medida que las auditorías complementarias de los órganos fiscalizadores avanzaron y se abrieron nuevas carpetas de investigación anexas, el monto del desvío directo e indirecto superó la barrera de los 500 millones de pesos, configurando una de las mayores debacles financieras en la historia de la educación pública del estado. Los delitos que formalmente se le imputan a López Salazar —peculado, enriquecimiento ilícito y ejercicio indebido de funciones— describen un sofisticado esquema de triangulación donde los recursos que debían destinarse a la academia y la infraestructura universitaria terminaban presuntamente dispersados en cuentas bancarias de trabajadores de confianza, familiares y prestanombres, sirviendo finalmente para financiar un ostentoso estilo de vida y un robusto patrimonio inmobiliario.
El rastro físico del ex directivo universitario se perdió por completo desde febrero de 2017, fecha exacta en la que un Juez de Control con sede en Tepic obsequió la primera orden de aprehensión formal en su contra, lo que de inmediato detonó la intervención de las autoridades federales y la posterior emisión de una Ficha Roja por parte de la Interpol, ante la sospecha fundada de que el ex funcionario había abandonado territorio nacional de manera perentoria. A pesar de que las versiones de inteligencia policial han apuntado con insistencia a que López Salazar encontró refugio en diversas regiones de Canadá, donde se mantiene oculto y cobijado por el paso del tiempo, el aparato de justicia nayarita ha mantenido activa la persecución patrimonial. En los primeros años del conflicto, los intensos operativos coordinados por la Policía Estatal Investigadora y la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) lograron el aseguramiento de un imperio inmobiliario compuesto por más de 14 propiedades vinculadas directamente al ex rector y a su principal operador financiero, Milton Romero González, un personaje clave que tras un año de intensa búsqueda sí fue capturado por las autoridades y cuyas declaraciones ministeriales terminaron por sepultar la estrategia de defensa del ex líder de la UAN.
Las dos propiedades que hoy se encuentran en la cuerda floja jurídica forman parte de esa intrincada red de acumulación de riqueza que floreció a la sombra del presupuesto universitario y que saltaba a la vista por su notoria incongruencia con los ingresos devengados de cualquier servidor público. Aunque el hermetismo de los expedientes de la UIPE mantiene bajo reserva los números de folio real específicos para no entorpecer la inmovilización registral, el historial del desfalco revela datos contundentes sobre el patrón de la riqueza oculta: predios residenciales de alta plusvalía en el puerto de San Blas y fincas en Tepic que, de acuerdo con aseguramientos previos de la misma indagatoria, se han ubicado en zonas exclusivas como Villas de la Paz, La Huerta Residencial, Lázaro Cárdenas, Peñita, y el Centro de la capital. Estos inmuebles, que en conjunto con decomisos anteriores superan los miles de metros cuadrados de superficie y suman valores comerciales millonarios, constituyen de acuerdo con la sólida tesis estructurada por los fiscales anticorrupción un producto directo del desvío del subsidio ordinario, dinero público que debió invertirse en el fortalecimiento de las aulas, laboratorios y el pago de prestaciones docentes.
El tortuoso camino legal para llegar a la emisión de este edicto de 90 días ha estado marcado por una feroz y prolongada batalla en los juzgados de distrito y tribunales colegiados federales, donde el equipo de litigantes y los propios familiares de López Salazar recurrieron a una sistemática lluvia de juicios de amparo para frenar los intentos previos de remate y subasta pública de los bienes. En episodios jurídicos anteriores, la esposa del ex rector promovió diversos recursos constitucionales —como el amparo 1217/2019— alegando que se estaban cometiendo violaciones flagrantes al debido proceso y argumentando que varias de las fincas afectadas pertenecían legítimamente a la sociedad conyugal y no al imputado en lo individual, logrando que magistrados federales ordenaran reponer audiencias informativas y congelar temporalmente las intenciones de la Comisión de Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados de monetizar las propiedades para resarcir el daño. Es precisamente por este antecedente que la Fiscalía General del Estado diseñó esta nueva ofensiva legal bajo un esquema de blindaje absoluto, asegurando que las notificaciones actuales cumplan con todas las formalidades y requisitos que exige la ley de extinción de dominio y abandono de bienes, evitando con ello que algún magistrado federal pueda tumbar el procedimiento debido a un tecnicismo procesal o una omisión de forma.
La rigurosa estrategia implementada por las autoridades ministeriales con la publicación de este edicto no debe interpretarse como un simple trámite burocrático, sino como una calculada estrategia de asfixia legal diseñada para cortar de tajo las maniobras dilatorias que los defensores de López Salazar han empleado durante casi una década para postergar el juicio final de manera artificial. Al establecer un plazo tan específico y con las consecuencias de la declaratoria de abandono sobre la mesa, la Fiscalía obliga a la defensa a jugar su última carta: presentarse físicamente en los tribunales locales con las escrituras originales, los registros contables y la comprobación fiscal impecable que justifique cómo un salario de rector pudo financiar tales adquisiciones en Tepic y San Blas. Si en el transcurso de los próximos tres meses transcurre el tiempo sin que nadie se apersone formalmente a reclamar los derechos de propiedad, el Gobierno de Nayarit asumirá de manera automática el control irrestricto de los predios, dando un paso histórico hacia la recuperación de activos derivados de la corrupción gubernamental.
Mientras las manecillas del reloj avanzan de manera inexorable en el calendario judicial, la opinión pública en el estado sigue con lupa un proceso que ha rebasado las fronteras de lo legal para convertirse en el gran símbolo de la impunidad y del saqueo institucionalizado que asfixió el futuro de miles de jóvenes nayaritas. La Universidad Autónoma de Nayarit todavía padece en el presente las secuelas directas de aquella debacle financiera, arrastrando deudas estructurales crónicas con el SAT y el IMSS que se originaron precisamente por la falta de entero de los recursos que eran desviados en la época en que López Salazar llevaba las riendas de la institución. De ahí que el destino final de estas últimas propiedades tenga una carga no solo económica y de resarcimiento material, sino también un profundo peso moral para una sociedad agraviada; los 90 días naturales han comenzado su marcha y el prolongado silencio del ex rector desde su escondite parece confirmar que las llaves de su patrimonio en Nayarit pasarán definitivamente a manos del Estado.
