Por Carlos Hartig.
La farsa de la “justicia indígena” ha quedado reducida a cenizas en el litoral nayarita. Con la rabia y la dignidad que caracterizan a una nación que se niega a ser exterminada, Rubén López de la Cruz, presidente de la Unión Wixárika de Centros Ceremoniales de Jalisco, Durango y Nayarit, alzó la voz desde el epicentro de un brutal atentado que combina el ecocidio más descarado con la profanación cultural. Pisando la tierra aún humeante de la Isla del Rey, el líder indígena exhibió la vergonzosa complicidad por omisión del Estado Mexicano. Las imágenes de la devastación no mienten: mientras el discurso oficial se llena de retórica indigenista, los machetes, las motosierras y el fuego criminal operan bajo el cobijo de la impunidad absoluta en uno de los santuarios más sagrados de México.
Lo ocurrido en Tatei Haramara no es un simple siniestro forestal; es un desmembramiento espiritual y un crimen ambiental perfectamente calculado. Para el pueblo wixárika, este punto costero es el cordón umbilical del universo, el sitio sagrado donde habita “Nuestra Madre, el Mar”, el útero primordial de donde emergió la vida y el maíz que sustenta a sus comunidades. Ver este ecosistema de manglares y vegetación endémica convertido en un cementerio de troncos carbonizados es el equivalente moderno a dinamitar una catedral o saquear una zona arqueológica ante la mirada apática de las corporaciones policiacas. La destrucción del entorno natural de la isla rompe de tajo la continuidad de rituales milenarios, dejando en claro que para el capital inmobiliario y turístico, la fe de los pueblos originarios es un estorbo que debe ser erradicado.
La simulación institucional de los tres niveles de gobierno raya en el cinismo criminal. Apenas hace unos meses, el Gobierno Federal presumía con bombos y platillos la firma de decretos presidenciales para salvaguardar los lugares sagrados de las naciones Wixárika, Na’ayeri, O’dam-A’udam y Meshikan, integrándolos en los pomposos “Planes de Justicia”. Hoy, ese decreto no es más que papel mojado, una burla jurídica que no sirvió para detener el avance de quienes buscan adueñarse de la costa de San Blas. El reclamo de López de la Cruz es lapidario: “No se vale que posterior a los reconocimientos oficiales estén sucediendo estas cosas”. ¿De qué sirve una firma presidencial si el Estado es incapaz —o deliberadamente indolente— de vigilar y proteger seis hectáreas federales contra terratenientes y desarrolladores voraces? La georreferenciación oficial terminó siendo el mapa de ruta para los depredadores.
Ante la emergencia, la Unión Wixárika exige la convocatoria inmediata y obligatoria de una mesa extraordinaria de lugares y sitios sagrados. No van a mendigar atención ni a aceptar las típicas mesas de diálogo dilatorias con las que la burocracia administra los despojos. Las instituciones encargadas de la protección ambiental y de los derechos indígenas tienen la obligación constitucional de dar la cara y explicar cómo es posible que, en una zona supuestamente resguardada por decretos y por la Marina, se metan maquinarias y fuego a plena luz del día. La pasividad de las autoridades ante este ecocidio en la Isla del Rey es un mensaje implícito de impunidad: en Nayarit, el territorio indígena sigue estando a la venta al mejor postor.
La Isla del Rey ha sido históricamente el blanco de una mafia inmobiliaria y turística que codicia el puerto de San Blas para megaproyectos hoteleros y marinas privadas. Durante siglos, los mara’akames (guías espirituales) han navegado el estero para depositar sus jícaras votivas y flechas de oración en estas playas, pidiendo el equilibrio ecológico del planeta y el agua para las siembras en la sierra. Arrasar con la vegetación de Tatei Haramara es un intento sistemático de estrangular el acceso cultural de los indígenas al mar, obligándolos al destierro de sus propios centros ceremoniales para abrirle paso al concreto de los complejos turísticos de lujo. Es el despojo ancestral disfrazado de “progreso” y “desarrollo”.
La indignación nacional e internacional exige que este atentado sea catalogado y castigado como lo que es: un crimen de lesa humanidad contra el patrimonio inmaterial de un pueblo originario. La opinión pública y la prensa independiente no pueden apartar la mirada de esta traición de Estado. Si el gobierno actual no actúa con urgencia, no detiene las agresiones y no encarcela a los autores materiales e intelectuales de esta quema intencional, quedará consagrado como un régimen de simulación que utiliza a los indígenas para la foto oficial, pero les da la espalda cuando el dinero y el fuego reclaman sus tierras sagradas.
