Tepic, Nayarit (RRC): En un hecho que ha generado profunda indignación en la comunidad de San Cayetano y en todo el estado, los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN) confirmaron que no aplicarán ninguna sanción escolar contra las tres adolescentes que agredieron brutalmente a Fernanda, una niña de 11 años alumna de la primaria Benito Juárez.
El director general de los SEPEN, Eduardo Villarreal Guereña, justificó la decisión argumentando que los hechos ocurrieron fuera del plantel escolar, por lo que no procede una medida disciplinaria en el ámbito educativo. Esta postura ha sido recibida con rechazo generalizado, pues ignora la conexión directa entre las agresoras —alumnas de secundaria— y la víctima, quien forma parte del mismo sistema educativo.
El incidente, que quedó registrado en video y se viralizó rápidamente, muestra cómo las agresoras engañaron a Fernanda en su propio domicilio para llevarla a la plaza principal de San Cayetano, donde la golpearon de manera salvaje. Familiares y testigos denuncian que se trató de un acto premeditado de violencia, posiblemente motivado por bullying o un “reto” difundido en redes sociales, y que incluso fue grabado para presumirse en Instagram.
Esta respuesta de las autoridades educativas resulta insuficiente y preocupante por varias razones:
- Falta de visión integral sobre la violencia entre menores: Aunque los golpes se dieron fuera de la escuela, las involucradas comparten el mismo entorno educativo. Permitir que las agresoras regresen a clases sin ninguna consecuencia escolar envía un mensaje claro de impunidad y debilita la autoridad de los planteles. El bullying y la violencia entre alumnos no se limita al horario escolar; sus efectos se extienden a la convivencia diaria y al ambiente de aprendizaje.
- Ignora protocolos existentes: Nayarit cuenta con la Ley de Seguridad Integral Escolar y un Protocolo para la Erradicación del Acoso Escolar, así como un Manual de Convivencia Escolar, que definen el acoso como conductas de maltrato, intimidación o violencia física y moral, sin restringirlas exclusivamente al interior del plantel. La agresión grabada y difundida claramente encaja en estas definiciones. Optar por la inacción administrativa parece una interpretación restrictiva y cómoda que prioriza la formalidad sobre la protección real de las niñas.
- Minimiza el impacto en la víctima: Fernanda, una niña de apenas 11 años, fue sacada de su casa con engaños y agredida frente a otros. La falta de sanciones escolares deja a la víctima sin una señal clara de que las instituciones la respaldan, lo que puede agravar su trauma emocional y físico. Mientras tanto, las agresoras continúan su vida escolar normal, lo que representa un riesgo latente para otros estudiantes.
- Mensaje social equivocado: En un contexto donde la violencia entre adolescentes ha aumentado, influenciada por redes sociales y la normalización de agresiones grabadas, esta decisión refuerza la percepción de que “si no es dentro de la escuela, no importa”. Es un precedente peligroso que desincentiva la denuncia y la prevención.
Ciudadanos de San Cayetano, familiares de Fernanda y usuarios en redes sociales han expresado su enojo y exigen justicia real, no solo la investigación penal que ya está en manos de la Fiscalía del Estado. Muchos cuestionan: ¿De qué sirve tener leyes y protocolos contra el acoso escolar si, ante un caso tan evidente y documentado, las autoridades educativas deciden lavarse las manos?
Hasta el momento, no se ha informado sobre acciones de apoyo psicológico para Fernanda ni sobre medidas preventivas o de mediación en las escuelas involucradas. La Fiscalía investiga el caso como posible delito, pero la omisión educativa deja un vacío que la comunidad percibe como abandono.
Este caso no es aislado. Refleja un problema más profundo: la dificultad de las instituciones para abordar la violencia entre menores de manera integral, más allá de los límites físicos de un plantel. Se requiere una respuesta urgente que combine sanción, reeducación y protección efectiva.
Las autoridades educativas tienen la oportunidad —y la obligación— de revisar su postura. La protección de la niñez no puede reducirse a tecnicismos legales cuando está en juego la integridad física y emocional de una niña. La sociedad de Nayarit espera más que excusas: espera acciones concretas que detengan este tipo de agresiones y garanticen entornos escolares seguros.
