Por Carlos Hartig.
En un fallo que exhibe el uso indebido de la proyección institucional, el Consejo Local del Instituto Estatal Electoral de Nayarit (IEEN) sancionó al alcalde de Bahía de Banderas, Héctor Javier Santana García. (morena) La resolución del Procedimiento Ordinario Sancionador determinó que el edil incurrió en promoción personalizada, violentando la normativa que prohíbe utilizar el aparato público para el ensalzamiento de la imagen individual, una práctica que debilita la equidad democrática.
La presidenta del organismo, María José Torres Hernández, fue contundente al confirmar la imposición de una multa de 100 UMAs ($11 mil 314 pesos) contra el primer edil Badebadense. El castigo no es fortuito: surge tras comprobar que la comunicación oficial del Ayuntamiento se desvió de su fin informativo para centrarse en el posicionamiento de la figura de Santana, lo que el Instituto calificó como una vulneración directa a las reglas del juego político.
Este revés para la administración de Bahía de Banderas no es un caso aislado, sino la punta del iceberg de un desorden administrativo y electoral. El IEEN reveló que actualmente procesa un alud de 31 quejas similares, de las cuales 22 fueron heredadas de 2025 y 9 corresponden apenas a los primeros meses de 2026, lo que evidencia una tendencia sistemática de los funcionarios por «adelantarse» a los tiempos legales.
El escenario para los próximos meses es crítico. Con la elección judicial en puerta para septiembre de este año y el arranque del proceso electoral 2027 programado para el 7 de enero, la autoridad electoral advierte que no habrá tolerancia para actos anticipados de campaña. La sanción a Santana funciona como un recordatorio precautorio para el resto de los alcaldes y aspirantes que pretenden burlar la ley bajo el disfraz de «informes de gestión».
Aunque la multa actual no inhabilita a Santana para futuras aspiraciones, deja una mancha en su expediente de cumplimiento y coloca a Bahía de Banderas bajo la lupa ciudadana y fiscalizadora. El mensaje del IEEN es claro: en un estado con una carga procesal tan alta, la vigilancia será implacable para evitar que el dinero del erario siga financiando ambiciones personales disfrazadas de comunicación social.
