Por Carlos Hartig.
La economía de Santiago Ixcuintla enfrenta un escenario devastador tras confirmarse el fracaso de la temporada de camarón. El alcalde Sergio González «El Pipiripao» calificó la situación como «tronada», señalando que la pesca ilegal y el levantamiento tardío de la veda dejaron los esteros vacíos. Esta escasez ha llevado a las cooperativas a la insolvencia, ya que los pescadores no tienen cómo solventar las deudas adquiridas para el mantenimiento de canales.
Al desastre pesquero se suma una emergencia fitosanitaria que amenaza la agricultura local. Una plaga masiva de pulgón ha invadido los cultivos de sorgo y frijol, desplazándose desde las zonas de caña recién cortada. Los productores locales advierten sobre posibles pérdidas totales, temiendo que ni siquiera se recupere la inversión en semillas, quedando a expensas de una fluctuación favorable en los precios del mercado para evitar la quiebra.
En el ámbito de la seguridad, el edil denunció una alarmante «ingobernabilidad vial» protagonizada por menores de edad. Se han reportado grupos de hasta 150 motociclistas, algunos de apenas 13 años, realizando maniobras peligrosas en Playa de Sauto. Esta conducta, sumada a la presencia de ganado suelto en vías de comunidades como Villa Juárez y Pozo de Ibarra, ha disparado los accidentes fatales en la región.
La autoridad municipal también alertó sobre el incremento de la violencia contra la fuerza pública, reportando ataques a patrullas y agresiones con machetes a oficiales en la zona de Los Corchos. Ante la incapacidad de la policía local para contener la situación, el mandatario hizo un llamado urgente para que la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina intervengan para restablecer el orden y garantizar la seguridad ciudadana.
Finalmente, el alcalde apeló a la conciencia de los padres de familia, exigiéndoles asumir la tutela y responsabilidad de sus hijos menores. Criticó duramente la resistencia de los tutores a pagar multas preventivas y su insistencia en liberar a jóvenes infractores. «Ellos son los padres quienes tienen que evitar la muerte de sus hijos», sentenció, reiterando que la crisis de seguridad vial es una responsabilidad compartida que el gobierno no puede resolver de manera aislada.
