Por Ricardo Reyes.
Mientras el discurso oficial insiste en que la estrategia de seguridad avanza por el camino correcto, las cifras muestran otra realidad: los mexicanos denuncian cada vez más amenazas y viven bajo un clima creciente de intimidación e incertidumbre.
Durante abril de 2026, las denuncias por el delito de amenazas registraron un incremento del 15 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior, alcanzando el nivel más alto desde que existen registros recientes y estableciendo un nuevo pico histórico para este ilícito.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), analizados por la firma especializada TResearch, el comportamiento del delito confirma una tendencia ascendente que se ha venido consolidando durante los últimos años, sin que las autoridades hayan logrado contenerla.
Lejos de tratarse de un delito menor, las amenazas representan uno de los primeros eslabones de la cadena de violencia que afecta al país. En numerosos casos anteceden a agresiones físicas, violencia familiar, extorsiones e incluso homicidios, por lo que especialistas consideran que ignorar su crecimiento implica minimizar una señal de alerta sobre el deterioro de la seguridad y de la convivencia social.
El incremento sostenido de este delito también exhibe las limitaciones del sistema de procuración de justicia. Miles de víctimas continúan acudiendo a presentar denuncias pese a la percepción generalizada de impunidad, mientras que muchas otras prefieren guardar silencio por miedo a represalias o por desconfianza en las instituciones encargadas de protegerlas.
Las cifras oficiales evidencian que el problema no es aislado ni coyuntural. Desde hace más de una década, las denuncias por amenazas han mostrado una tendencia creciente, hasta alcanzar niveles sin precedentes en 2026. El nuevo récord registrado en abril refleja que las estrategias preventivas y de atención temprana han sido insuficientes para frenar una conducta delictiva que se ha normalizado en distintos ámbitos de la vida cotidiana.
Detrás de cada carpeta de investigación existe una persona que vive bajo presión, temor o incertidumbre. Son ciudadanos amenazados por vecinos, familiares, exparejas, desconocidos o integrantes de grupos delictivos, que recurren a la autoridad en busca de protección y encuentran, en muchos casos, procesos lentos y respuestas limitadas.
El aumento del 15 por ciento en las denuncias constituye, además, un llamado de atención para los tres órdenes de gobierno. Aunque los indicadores de alto impacto suelen concentrar la atención pública, el crecimiento de delitos como las amenazas revela una realidad igual de preocupante: la violencia cotidiana sigue expandiéndose y afectando directamente la tranquilidad de millones de familias mexicanas.
En un país donde el miedo se ha convertido en parte de la rutina diaria, el récord histórico alcanzado en abril de 2026 deja una conclusión contundente: más allá de los discursos y las estadísticas selectivas, la percepción de inseguridad continúa alimentándose de hechos concretos que los ciudadanos enfrentan todos los días.
Porque antes de que una amenaza se transforme en una agresión o en una tragedia, ya existe una víctima que vive con miedo; y ese temor, hoy más que nunca, también forma parte de la crisis de seguridad que atraviesa México.
