Redacción 
Por Carlos Hartig.
La administración municipal de Tecuala, bajo el mando de Nora Lilia Burgoa Alarcón, ha dejado de ser un órgano de servicio público para convertirse en una maquinaria de precarización laboral y atropello sistemático. Lo que se denuncia hoy no es una crisis financiera fortuita, sino una estrategia de hostigamiento calculada que utiliza el sustento de los trabajadores como moneda de cambio. Con una frialdad administrativa alarmante, la alcaldesa ha institucionalizado el desprecio por el derecho al trabajo, sometiendo a su personal a un régimen de incertidumbre que desmantela cualquier rastro de justicia social en el municipio.
El mecanismo de los «descansos forzados» es, en términos llanos, un fraude a la ley. Al obligar a empleados de confianza y jubilados a retirarse sin goce de sueldo bajo la promesa de una reincorporación futura, el Ayuntamiento evade descaradamente el pago de prestaciones y aportaciones de seguridad social. Esta «maña» —término que ya es parte del léxico común en los pasillos de la presidencia— busca que el trabajador, asfixiado por las deudas, termine por abandonar su puesto, permitiendo al gobierno local ahorrarse liquidaciones que corresponden a años de servicio. Las denuncias ya han escalado al Congreso local, donde el diputado Ricardo Parra Tiznado ha sentenciado este abandono salarial como una crisis administrativa sin precedentes.
Es indignante y jurídicamente inaceptable que en la Tecuala de 2026 se mantenga a personas laborando activamente sin percibir un salario, bajo la cínica premisa de que se les pagará “cuando haya presupuesto”. El salario no es un favor que la alcaldesa otorga según su gestión; es una obligación constitucional sagrada. Mantener a un empleado frente a un escritorio sin remuneración es explotación laboral pura, un retroceso de décadas en los derechos ganados. Mientras los estados financieros oficiales muestran subejercicios en servicios personales, la realidad en las calles es de familias desesperadas que no han visto su quincena en meses.
El ensañamiento contra el personal jubilado añade una capa de crueldad moral a esta crisis. Aquellos que entregaron su vida productiva al municipio hoy son tratados como material de desecho, viendo sus pensiones suspendidas de manera arbitraria. Esta vulneración a la seguridad social de los adultos mayores no solo es una falta administrativa, es una violación a los derechos humanos. La administración de Burgoa está enviando un mensaje claro: en Tecuala, la experiencia y la lealtad institucional no valen nada frente a la opacidad y la presunta ausencia de la propia alcaldesa en la toma de decisiones críticas.
La persistencia de estas prácticas, sumada a la exigencia de una auditoría inmediata por parte del Congreso del Estado, sugiere un nivel de opacidad financiera que resulta aterrador. Los afectados denuncian que las quejas caen en oídos sordos mientras la alcaldesa continúa operando con una impunidad que insulta la inteligencia de la ciudadanía. No se puede hablar de gobernabilidad cuando la base trabajadora, la que mantiene en pie los servicios básicos del pueblo, está siendo despojada de su sustento diario para cubrir boquetes financieros derivados de una gestión marcada por el desorden.
Finalmente, la situación en Tecuala exige un alto inmediato a la simulación. El reclamo ya no es solo por los sueldos caídos, sino por la restauración del orden legal en una alcaldía que parece regirse por leyes propias. Nora Lilia Burgoa Alarcón debe entender que el presupuesto público no es su patrimonio personal. Si la autoridad laboral y los órganos de fiscalización no intervienen de manera contundente para sancionar estos abusos y garantizar el pago inmediato de los salarios devengados, el conflicto escalará hacia una crisis social de la que la actual administración será la única responsable ante la historia.
