Redacción 
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Culiacán, Sinaloa (RRC): La tensión política en Sinaloa escaló este día luego de que legisladores de Movimiento Ciudadano (MC) presentaran ante el Congreso del Estado una solicitud formal de desafuero contra el gobernador Rubén Rocha Moya, en medio de un clima de señalamientos y creciente polarización.
De acuerdo con los promoventes, la petición busca que el mandatario estatal enfrente las investigaciones en su contra sin la protección del fuero constitucional. Sin embargo, los representantes de MC insistieron en que la acción no responde a intereses electorales, sino a la necesidad de garantizar el estado de derecho y la rendición de cuentas.
“Este no es un asunto político ni de coyuntura electoral, es un tema de legalidad. Nadie debe estar por encima de la ley”, señalaron legisladores del partido naranja al momento de presentar el recurso ante el Poder Legislativo local.
La solicitud de desafuero coloca al Congreso de Sinaloa en el centro de una decisión de alto impacto, ya que será esta instancia la encargada de analizar si existen elementos suficientes para retirar la inmunidad procesal al gobernador.
Especialistas advierten que el proceso podría convertirse en un parteaguas político en la entidad, no solo por la figura involucrada, sino por las implicaciones legales y la presión mediática que ya rodea el caso.
Movimiento Ciudadano rechazó categóricamente que la acción tenga fines electorales rumbo a los próximos comicios, pese a que el tema irrumpe en un momento clave del escenario político nacional.
“No se trata de ganar votos, se trata de justicia”, reiteraron, al tiempo que exigieron que el Congreso actúe con responsabilidad y sin sesgos partidistas.
Hasta el momento, el gobierno de Sinaloa no ha emitido una postura oficial detallada sobre la solicitud de desafuero, lo que ha incrementado la expectativa en torno a la respuesta del mandatario y su equipo jurídico.
En tanto, el tema ya genera reacciones encontradas entre actores políticos y ciudadanos, dividiendo opiniones entre quienes exigen una investigación a fondo y quienes califican el movimiento como una estrategia de presión política.
El proceso apenas inicia, pero perfila un escenario complejo donde se entrelazan intereses políticos, legales y mediáticos. La decisión final del Congreso podría marcar el rumbo del gobierno estatal y redefinir el equilibrio de poder en Sinaloa.
La lupa ahora está sobre el Legislativo: ¿procederá el desafuero o quedará en un intento más de confrontación política?
