FGR y SRE bajo la lupa: acusan obstrucción en la extradición de Rocha Moya y tensan relación con Estados Unidos.
Redacción 
Ciudad de México (RRC): El proceso de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, vuelve a encender las alarmas, luego de que una firma jurídica internacional advirtiera que autoridades mexicanas estarían obstruyendo deliberadamente el procedimiento, en aparente violación al Tratado de Extradición vigente con Estados Unidos.
De acuerdo con el señalamiento, tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) habrían impuesto requisitos adicionales no contemplados en el tratado bilateral, específicamente en el Artículo 11, el cual establece con claridad los elementos necesarios para solicitar y procesar una extradición.
La firma denunciante sostiene que el gobierno mexicano estaría exigiendo pruebas más allá de lo permitido, lo que en la práctica representa un bloqueo técnico y jurídico que retrasa el avance del caso contra Rocha Moya y otros coacusados vinculados a delitos graves, entre ellos presuntos nexos con el crimen organizado.
El núcleo de la controversia radica en que el Artículo 11 del tratado no obliga a presentar pruebas en el mismo nivel que un juicio, sino únicamente los elementos suficientes que justifiquen la detención con fines de extradición. Sin embargo, según la denuncia, las autoridades mexicanas estarían elevando el estándar probatorio de forma indebida.
Especialistas advierten que esta práctica no solo contraviene acuerdos internacionales, sino que también podría interpretarse como una maniobra política para proteger al mandatario sinaloense, cuya situación legal se ha agravado tras recientes acusaciones en cortes estadounidenses.
El caso comienza a escalar más allá del ámbito judicial. Analistas consideran que esta postura de México podría tensar la relación bilateral con Estados Unidos, al incumplir compromisos en materia de cooperación judicial y combate al crimen transnacional.
Además, la posible obstrucción en un caso de alto perfil como el de Rocha Moya envía una señal preocupante sobre la disposición del Estado mexicano para colaborar en procesos internacionales de justicia, particularmente cuando se trata de figuras políticas en funciones.
Hasta el momento, ni la FGR ni la SRE han emitido una postura clara frente a estas acusaciones. El silencio institucional contrasta con la creciente presión mediática y jurídica que rodea el caso, el cual ya es observado de cerca por instancias internacionales.
Mientras tanto, el proceso de extradición permanece entrampado, alimentando la percepción de que la justicia podría estar siendo condicionada por intereses políticos, en uno de los casos más delicados que enfrenta actualmente el sistema judicial mexicano.
La pregunta queda en el aire: ¿fallas técnicas o protección institucional?
