¡FRANKENSTEIN LEGISLATIVO EN NAYARIT!: NAVARRO Y DIPUTADOS ENGENDRAN FRAUDE CONSTITUCIONAL PARA SAQUEAR EL DINERO DE LOS TRABAJADORES.
Redacción 
Por Carlos Hartig.
En un acto de degradación institucional sin precedentes, el Gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero y la XXXIV Legislatura han sido exhibidos por operar un fraude constitucional basado en la falsificación, alteración y «siembra» de artículos en documentos oficiales. Oscar Flavio Cedano Saucedo, Secretario General del SUTSEM, denunció con pruebas irrefutables que el Congreso del Estado engendró un «Frankenstein» jurídico: un decreto «fantasma» remitido a los 20 ayuntamientos que no coincide con lo votado el pasado 31 de marzo, incurriendo en un delito de orden público para imponer un modelo de saqueo financiero que jamás fue debatido en el pleno.
La perversidad de este engaño es absoluta: mientras la iniciativa original enviada por el Ejecutivo se limitaba exclusivamente al artículo 137, el documento apócrifo enviado a los municipios para su ratificación insertó ilegalmente reformas a los artículos 47 y 69. Estas piezas «cosidas» a la mala pretenden otorgar al Ejecutivo facultades dictatoriales para intervenir en la designación de magistrados y controlar el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía. Más grave aún es la mutación del artículo 137; tras aprobarse un tope salarial inconstitucional, la administración estatal intentó «parchar» su error en el texto enviado a los cabildos, incluyendo apartados que golpean al personal de confianza sin que los diputados lo hubieran legislado ni discutido.
Detrás de este engendro legal se esconde el verdadero botín: el denominado Fondo Soberano, un «casino inmobiliario» que entrega al Gobernador la facultad discrecional de nombrar y remover a los consejeros del Fondo de Ahorro Nayarit (FAN) para jugar el dinero de los trabajadores en la bolsa de valores. El esquema es de una corrupción sistémica: si las inversiones generan ganancias, el beneficio se reparte entre la «mafia de allegados»; pero si hay pérdidas, los administradores quedan exentos de responsabilidad y el desfalco lo pagará el pueblo con sus impuestos, sacrificando medicinas y obra pública en un nuevo y nefasto «Fobaproa Nayarita».
Para consumar este despojo, el régimen de Navarro Quintero ha desatado una campaña de terror y extorsión política sobre los ayuntamientos. Municipios como Bahía de Banderas, Santa María del Oro y Tuxpan han claudicado ante la presión, sesionando incluso de madrugada y bajo total opacidad para avalar un documento que los regidores ni siquiera conocen. Cedano Saucedo calificó a estos funcionarios de «agachones y timoratos», advirtiendo que su servilismo los convierte en traidores directos a la voluntad popular y sujetos de responsabilidad penal por validar una falsificación de la máxima ley del estado.
La pudrición institucional se extiende al manejo criminal de los recursos públicos: mientras los adeudos con la clase trabajadora en municipios como Tuxpan y Rosa Morada son asfixiantes, el presupuesto estatal se utiliza para aceitar la maquinaria de un régimen que desprecia el diálogo social. Es indignante que se utilicen las instituciones para perseguir a quienes defienden sus derechos, mientras la administración protege a una «mafia de intereses foráneos» que saquea las arcas estatales. El Dr. Navarro Quintero deberá rendir cuentas por haber sustituido la política por el revanchismo y la ley por la falsificación de decretos.
Ante este atropello, el SUTSEM ha convocado a una movilización histórica este 1 de mayo. El mensaje es contundente: se iniciarán acciones penales individuales y juicios políticos por actos de mala fe y violación flagrante al artículo 131 de la Constitución local, el cual exige que toda reforma sea ratificada por los ayuntamientos en los mismos términos aprobados por el Congreso, requisito que fue violado al «sembrar» artículos no legislados. La protección de una fiscalía comparsa tiene fecha de caducidad, y cada funcionario que validó este «Frankenstein» legislativo tendrá que responder ante la justicia.
Finalmente, Nayarit enfrenta un colapso institucional donde la Constitución ha sido sustituida por papeles sin firmas y el diálogo por la imposición autoritaria. El SUTSEM advierte que no descansará hasta que este engendro jurídico sea desmantelado en los tribunales federales, pues no se trata solo de un error técnico, sino de una bajeza moral que intenta normalizar la corrupción como método de gobierno. Nayarit no es el feudo personal de un mandatario ni el laboratorio de experimentos de una «mafia de chilangos»; es un estado de instituciones que hoy han sido ultrajadas, pero que el pueblo rescatará con la movilización y el peso de la ley. La historia no perdonará a quienes, por cobardía o ambición, pusieron su firma para sentenciar la pobreza de las futuras generaciones de trabajadores nayaritas, vendiendo la soberanía del estado al mejor postor bajo el disfraz de una falsa austeridad.
