Por Ricardo Reyes.
La administración de la alcaldesa Anabel Guerrero Benítez atraviesa uno de sus momentos más críticos, en medio de un entorno marcado por protestas ciudadanas, acusaciones de irregularidades y un evidente desgaste político que ha fracturado la relación con amplios sectores de la población.
Desde los primeros meses de su gobierno, iniciado en 2024 en el municipio de Xalisco, comenzaron a surgir inconformidades que con el tiempo han escalado a movilizaciones directas contra su administración. Uno de los episodios más representativos fue la toma de la Presidencia Municipal por parte de habitantes que exigían su destitución, acusándola de presuntos desvíos de recursos, nepotismo y falta de capacidad para gobernar.
Las críticas no solo provienen de la ciudadanía organizada, sino también de actores políticos y del propio cabildo. Denuncias formales han señalado posibles irregularidades administrativas, incluyendo omisiones en el manejo de recursos públicos y falta de transparencia en la ejecución de obras y contratos.
Incluso, documentos ciudadanos y movimientos locales han acusado a la alcaldesa de mantener una gestión opaca, con presunta ocultación de información clave como nóminas, expedientes técnicos y asignaciones de contratos, lo que ha alimentado la percepción de un gobierno cerrado y poco dispuesto a rendir cuentas.
El malestar social ha ido más allá de las redes sociales. En distintos momentos, grupos ciudadanos han salido a manifestarse, bloqueando accesos al ayuntamiento y exigiendo incluso la revocación de mandato. En febrero de 2026, un movimiento identificado como “Xalisco Unido” volvió a tomar instalaciones municipales, reflejando un conflicto que lejos de resolverse, se ha profundizado.
Los manifestantes han sido claros: acusan una administración distante, con poca sensibilidad ante las necesidades básicas del municipio y sin resultados visibles en temas como servicios públicos, infraestructura y atención ciudadana.
En medio de este escenario, la propia alcaldesa ha denunciado ser víctima de amenazas y campañas en su contra, lo que evidencia un clima político altamente polarizado. Sin embargo, para muchos ciudadanos estas declaraciones no han logrado revertir la percepción negativa, sino que han reforzado la idea de un gobierno más enfocado en confrontar que en resolver problemas.
Además, la discusión sobre un posible proceso de revocación de mandato ha comenzado a tomar forma en espacios políticos, lo que confirma el nivel de desgaste institucional que enfrenta su administración.
A poco más de un año de gobierno, el balance para muchos habitantes es negativo: promesas incumplidas, falta de resultados concretos y una creciente desconexión entre autoridades y ciudadanía.
En un municipio que forma parte de la zona metropolitana de Tepic y que enfrenta retos urbanos importantes, la falta de rumbo claro en la administración ha incrementado la presión social.
Hoy, la gestión de Anabel Guerrero Benítez no solo enfrenta críticas, sino un rechazo activo que se expresa en las calles, en los cabildos y en la opinión pública, configurando un escenario de inestabilidad política que podría agravarse si no hay cambios de fondo en su forma de gobernar.

