Por Ricardo Reyes.
Durante los primeros tres meses de 2026, el panorama del aborto en México refleja una realidad contrastante: mientras el país avanza en la despenalización, persisten profundas brechas en el acceso efectivo a este servicio de salud, así como inconsistencias en el registro de cifras oficiales.
De acuerdo con reportes recientes, México continúa en un proceso acelerado de cambios legales en materia de interrupción del embarazo. Hasta inicios de 2026, al menos 25 entidades han despenalizado el aborto en distintos grados, incluido Nayarit desde 2025, lo que marca un giro histórico en la política pública nacional . Sin embargo, este avance normativo no se traduce necesariamente en acceso equitativo.
Uno de los principales problemas para analizar los abortos en México entre enero, febrero y marzo de 2026 es la falta de datos consolidados a nivel nacional. Las cifras disponibles provienen de distintos sistemas de salud, fiscalías y organizaciones civiles, lo que genera un mosaico fragmentado.
Como referencia, en 2025 se registraron más de 500 carpetas de investigación por aborto en los primeros meses del año, lo que evidencia que, pese a la despenalización, la criminalización aún persiste en varias entidades . Incluso, a nivel nacional se contabilizaron alrededor de 890 investigaciones en todo ese año .
En contraste, los servicios de salud reportan decenas de miles de atenciones relacionadas con abortos (incluyendo espontáneos y legales). Tan solo en registros hospitalarios recientes se han documentado más de 55 mil atenciones en etapas tempranas del embarazo, con una proporción importante en adolescentes .
El fenómeno mantiene una fuerte centralización. Datos recientes señalan que hasta el 68% de los abortos en el país se realizan en la Ciudad de México, donde el servicio es legal desde 2007 y cuenta con infraestructura consolidada .
Esta concentración revela que, aunque más estados han modificado sus leyes, muchas mujeres siguen desplazándose a la capital para acceder a servicios seguros, debido a barreras locales como falta de clínicas, personal capacitado o resistencia institucional.
Aunque no existe un corte oficial unificado para enero-marzo de 2026, los indicadores disponibles permiten identificar tendencias claras:
- Estabilidad en la demanda: El aborto continúa siendo un servicio de salud requerido de manera constante, ligado principalmente a embarazos no planeados.
- Persistencia de la criminalización: A pesar de fallos de la Suprema Corte, aún se abren investigaciones en varios estados.
- Desigualdad regional: El acceso depende en gran medida de la entidad federativa.
- Alta incidencia en jóvenes: Un porcentaje significativo corresponde a mujeres de entre 15 y 19 años.
Organismos y especialistas coinciden en que México atraviesa una etapa de transición. Aunque el marco legal ha cambiado rápidamente, la implementación va rezagada. Incluso en 2026 todavía hay entidades donde el derecho no está plenamente garantizado .
El aborto en México, más que una estadística uniforme, es hoy un reflejo de desigualdad territorial, vacíos institucionales y tensiones políticas. El primer trimestre de 2026 confirma que el país ha avanzado en leyes, pero aún está lejos de garantizar el acceso real y sin obstáculos para todas las mujeres.

