Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Nayarit exigen auditorías forenses y rechazan la reelección de titular de la Comisión Estatal.
Redacción 
Por Ricardo Reyes.
Diversos colectivos de familias buscadoras presentaron este viernes tres escritos formales ante la Auditoría Superior del Estado de Nayarit (ASEN), el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero y otras autoridades, demandando transparencia en el uso de recursos públicos y una mayor eficacia en las acciones de búsqueda y atención a víctimas de desapariciones.
Los documentos fueron firmados por representantes de colectivos como Por Nuestros Corazones A.C. (Rosa María Jara Montez), Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros A.C. (Virginia Garay Cázares), Búsqueda Desaparecidos Nayarit A.C. (Guadalupe Lucinda Solis), Renacer por Amor a Ellos (Nancy Paulina Pérez Guerrero), Guerreros Buscadores de Nayarit (Carina Nova Cacho), Agape (Fabiola Isabel Campos Andrade), Buscadores Unidos de Nayarit (María del Consuelo Orozco Arjona), Madres Independientes Buscando a sus Hijos (Eunice Ahumada González) y Uniendo Corazones Bahía de Banderas (María de Jesús Salinas Arraiga), entre otros.
1. Auditoría forense a la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB)
En el primer documento, dirigido a la ASEN, los colectivos solicitan una auditoría forense integral, independiente y exhaustiva a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de Nayarit.
Entre los puntos clave destacan:
- Revisión del ejercicio de recursos federales y estatales destinados a búsquedas en campo, equipo forense, drones, viáticos y contrataciones.
- Evaluación del cumplimiento del Protocolo Homologado de Búsqueda y los Principios Rectores.
- Detección de posibles omisiones, simulación de operativos, desvío de recursos, subejercicio presupuestal o ineficiencia administrativa.
- Análisis de áreas críticas como adquisiciones y contrataciones, el Área de Análisis de Contexto, coordinación con la Fiscalía General del Estado y participación de los colectivos.
La auditoría propuesta abarcaría ejercicios fiscales recientes (2023-2025) e incluiría entrevistas a familiares, minería de datos en carpetas de investigación y la emisión de un informe público con posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales.
2. Rechazo a la reelección de la titular de la CEB
En un segundo escrito dirigido directamente al gobernador Navarro Quintero, las familias expresan su oposición firme a la posible reelección de la actual titular de la Comisión Estatal de Búsqueda.
Argumentan un incumplimiento sistemático de obligaciones legales, entre ellas:
- Operativos insuficientes, reactivos y sin resultados verificables.
- Simulación institucional en acciones de campo.
- Revictimización de las familias mediante trato indigno, falta de acompañamiento y negativa de información.
Señalan quejas previas ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Nayarit y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Exigen negar la reelección, emitir una convocatoria pública transparente con participación de los colectivos y designar a un perfil con experiencia comprobada, sensibilidad hacia las víctimas, independencia política y capacidad operativa real.
3. Auditoría a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV)
El tercer documento solicita una auditoría forense a la CEAIV por presuntas irregularidades en la entrega de apoyos económicos, asistencia y reparación integral a víctimas.
Los colectivos denuncian un patrón reiterado de:
- Omisiones o retrasos injustificados en la entrega de apoyos.
- Falta de criterios claros, trazabilidad y rendición de cuentas.
- Barreras burocráticas que obligan a las familias a sostener por sí mismas los procesos de búsqueda.
Advierten que estas fallas podrían configurar responsabilidades administrativas graves y hechos de corrupción, con un carácter agravado al tratarse de recursos destinados a víctimas de violaciones graves a derechos humanos.
Peticiones comunes
En los tres escritos, los colectivos exigen:
- Auditorías con participación ciudadana y observación de las víctimas.
- Informes públicos transparentes y accesibles.
- Determinación de responsabilidades y vista inmediata a órganos anticorrupción.
- Garantías de no repetición y respeto al principio de debida diligencia reforzada.
Advierten que, ante cualquier omisión o simulación, activarán mecanismos adicionales: denuncias nacionales, acciones legales estratégicas, instancias internacionales y exposición pública documentada.
“La desaparición de personas no admite burocracia ni simulación. Cada omisión institucional se traduce en tiempo perdido, y en esta materia, el tiempo es vida”, enfatizan los documentos.
Los escritos fueron recibidos por la ASEN, el Congreso del Estado y con copia a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Hasta el momento, no se ha emitido una respuesta oficial por parte de las autoridades.
Esta acción colectiva se inscribe en el contexto de la crisis de desapariciones en Nayarit, donde los familiares continúan exigiendo resultados tangibles, transparencia en el gasto público y una verdadera participación en los procesos de búsqueda y atención a víctimas.
