El estupro en México: un delito invisible con alta impunidad y cifras crecientes en denuncias.

Por Ricardo Reyes.

El estupro, definido en el Código Penal Federal y códigos estatales como las relaciones sexuales con una persona menor de 18 años (o edad de consentimiento en algunos estados), aprovechando su inmadurez, engaño, superioridad o autoridad, representa una de las formas más graves de violencia sexual contra menores y adolescentes en México. A menudo se asocia con abuso de confianza en entornos familiares, escolares o comunitarios, y forma parte del amplio espectro de delitos contra la libertad y seguridad sexual.

A diferencia de la violación (que implica violencia o ausencia de consentimiento explícito), el estupro involucra un “consentimiento viciado” por la vulnerabilidad de la víctima, lo que lo hace particularmente complejo de probar y perseguir. Las víctimas son mayoritariamente niñas y adolescentes mujeres, aunque también se registran casos en varones. Organizaciones y expertos lo vinculan frecuentemente con etapas previas a otros delitos graves, como el feminicidio o la explotación sexual.

Obtener datos específicos y desglosados por delito de estupro es un reto importante, ya que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) publica incidencia delictiva principalmente por categorías agregadas (“delitos contra la libertad y la seguridad sexual”), que incluyen abuso sexual, acoso, hostigamiento, violación (simple y equiparada) y otros. Antes de 2015, la metodología era diferente y agrupaba “violación, estupro y otros delitos sexuales”. A partir de 2015 se adoptó una clasificación más detallada, pero el estupro suele quedar subsumido o con cifras bajas en reportes públicos por su menor volumen comparado con el abuso sexual (el más denunciado).

A pesar de estas limitaciones, las tendencias generales de delitos sexuales y datos puntuales sobre estupro permiten trazar un panorama histórico aproximado para los últimos cuatro sexenios:

• Felipe Calderón (2006-2012): Periodo previo a la nueva metodología detallada. Los datos agregados de “violación, estupro y otros” mostraban niveles relativamente más bajos en denuncias reportadas, aunque la cifra negra (delitos no denunciados) era ya muy alta según encuestas como la ENVIPE del INEGI. No existen series desglosadas públicas de estupro para todo el sexenio, pero formaba parte de un contexto de menor visibilidad y registro de delitos sexuales en general.
• Enrique Peña Nieto (2012-2018): Transición metodológica en 2015. Entre 2012 y 2022 (que abarca este sexenio y parte del siguiente), se registraron solo 202 condenas por estupro a nivel nacional, según análisis de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) basado en datos de fiscalías. Esto representa apenas el 1.73% de los casos que llegaron a sentencia condenatoria irrevocable, lo que implica una impunidad superior al 98% para este delito específico. En el periodo 2013-2018, los delitos sexuales en conjunto (incluyendo abuso y violación) sumaron decenas de miles de denuncias, con un aumento gradual en carpetas de investigación. El abuso sexual ya emergía como el más frecuente contra menores.
• Andrés Manuel López Obrador (2018-2024): Las denuncias por delitos contra la libertad y seguridad sexual se multiplicaron. Según visualizaciones y análisis de datos SESNSP procesados por México Unido Contra la Delincuencia, las carpetas pasaron de alrededor de 32 mil en 2013 a casi 89 mil en 2023. El total de delitos sexuales creció de aproximadamente 31 mil en 2015 a más de 82 mil en 2022. El abuso sexual lideró consistentemente las denuncias, con incrementos anuales notables entre 2015-2019 y 2021-2023. El estupro siguió con bajo número de condenas (dentro de las 202 totales del periodo 2012-2022), mientras que las víctimas reportadas en encuestas como ENVIPE aumentaron: la prevalencia de delitos sexuales en mujeres pasó de 0.9% en 2014 a 2.5% en 2024, casi triplicándose. En 2023 se estimaron al menos 5 menores al día víctimas de violación denunciada, y el estupro se menciona como figura frecuente en casos de menores. La pandemia (2020-2021) mostró un repunte en algunos reportes de violencia intrafamiliar y sexual.
• Claudia Sheinbaum (2024-2030, en curso): Datos preliminares de 2024-2025 indican continuidad en el alto volumen de denuncias por delitos sexuales. En lo que va de 2025 se reportaron más de 25 mil carpetas solo por abuso sexual. Las encuestas ENVIPE 2024-2025 confirman que las mujeres siguen siendo las más afectadas (9 delitos sexuales contra mujeres por cada uno contra hombres), con tasas de alrededor de 4 mil delitos sexuales por cada 100 mil mujeres. La impunidad persiste: de cientos de miles de casos en una década, solo alrededor del 8-9% logran alguna resolución positiva, y para estupro la cifra es aún más baja.

Las denuncias por delitos sexuales se han triplicado en poco más de una década, atribuible en parte a mayor visibilidad y disposición a denunciar (aunque la tasa de denuncia sigue por debajo del 6% según ENVIPE), pero también a un posible incremento real de la violencia, especialmente contra menores (más del 60% de casos de violencia sexual involucran a NNA). Sin embargo, las condenas por estupro permanecen mínimas: solo 202 en 10 años (2012-2022), frente a miles de casos potenciales. La cifra negra es estructural: entre 92% y 95% de los delitos no se denuncian o no se investigan efectivamente.

La impunidad es el rasgo más alarmante. Entre 2012 y 2022, de aproximadamente 329 mil delitos sexuales denunciados, solo se lograron unas 28 mil sentencias condenatorias (alrededor del 8-9%), con 3,586 absoluciones en algunos rubros. Para estupro, el 98% de los casos quedan sin castigo. Factores como desconfianza en las autoridades, trámites largos, estigma, miedo al agresor y falta de pruebas contribuyen a esto. Las fiscalías enfrentan saturación, y muchos casos involucran entornos cercanos a la víctima (familia, escuela), lo que complica las investigaciones.

Expertos señalan que el estupro a menudo se subregistra o reclasifica como abuso sexual o violación, y que reformas recientes (como las de 2026 al Código Penal Federal que endurecen penas por acoso, abuso, estupro y violación) buscan mejorar la tipificación y sanción, aunque su impacto real dependerá de la implementación.

La violencia sexual contra menores se considera un problema de salud pública. Encuestas como la ENDIREH y ENVIPE revelan que millones de mujeres han sufrido algún tipo de violencia sexual en la infancia. En 2024, se atendieron miles de infantes por lesiones de violencia sexual en servicios de salud, con fuerte predominio de niñas y adolescentes.

Organizaciones civiles y el INEGI insisten en la necesidad de fortalecer la denuncia, mejorar los protocolos de investigación, capacitar al personal judicial y atacar las causas estructurales: desigualdad de género, normalización de relaciones de poder desiguales y falta de educación sexual integral.

El estupro en México refleja no solo fallas en el sistema de justicia, sino una sociedad que aún invisibiliza la violencia sexual contra los más vulnerables. Mientras las denuncias crecen, la impunidad se mantiene en niveles alarmantes, especialmente para este delito. Mayor transparencia en los datos desglosados del SESNSP, políticas preventivas y apoyo integral a víctimas son urgentes para romper el ciclo.

Fuentes: SESNSP (incidencia delictiva), INEGI (ENVIPE y censos de procuración de justicia), MCCI, análisis de México Unido Contra la Delincuencia.