(Video) Sesión exprés, derechos recortados: avalan en minutos tope a pensiones y estalla el rechazo ciudadano en Bahía de Banderas.
Redacción 
Por Carlos Hartig.
En un acto que raya en la infamia legislativa y que representa una emboscada frontal al servicio civil, el Cabildo de Bahía de Banderas, bajo el mando de Héctor Javier Santana García, consumó este 7 de abril de 2026 el despojo más vil contra la clase trabajadora nayarita. En una sesión extraordinaria que inició a las 1:57 PM y fue clausurada con una rapidez quirúrgica a las 2:08 PM, el cuerpo edilicio entregó la dignidad de los futuros jubilados en una «sesión fast-track» de apenas once minutos, operando como verdugos de la seguridad social y aprobando a quemarropa la reforma que impone topes a las pensiones, alineándose de forma servil a las órdenes de Tepic y condenando a miles de familias a una vejez de miseria bajo el cínico disfraz de la «austeridad».
La «Lista de la Traición» ha quedado sellada por quienes, sin el menor rastro de pudor, levantaron la mano para aniquilar el futuro de los empleados municipales. Los 12 votos a favor de este despojo fueron emitidos por los regidores: José Octavio Valencia Jiménez, Macaria Elizabeth Rico Fregoso, María del Carmen Valencia Soto, María Isabel Delgado Rangel, Milton de Jesús Martínez Cárdenas, Antonio Flores Ramos, José León Olvera, María Cristina Morán Alarcón, José Antonio Arreola López, Mónica Yesenia Robles Harrison, José Francisco López Castañeda y Maribel Rodríguez Orozco. En medio de este escenario de sumisión, destacó la sospechosa ausencia por «motivos de salud» de la síndico Daniela Sahagún y la regidora Citlalli Rubí Huerta, quienes prefirieron el refugio de un justificante médico antes que enfrentar la mirada de una base trabajadora que hoy se siente vendida al mejor postor.
La desfachatez llegó a su punto máximo con la intervención del regidor José Octavio Valencia, quien en el audio de la sesión se atrevió a calificar este atraco como una medida «socialmente justa». En un discurso que parecía dictado desde las cúpulas del poder estatal, Valencia afirmó cínicamente que la reforma no busca «suprimir derechos», sino «racionalizar esquemas de retiro», utilizando el nombre de figuras nacionales para validar lo que en las calles de la región ya se denuncia como un robo a mano armada. Es una burla sangrienta que se hable de «modernización» mientras se le arrebata el pan de la boca a quienes dedicaron décadas de su vida al servicio civil, bajo el pretexto de una «sostenibilidad financiera» que nunca aplica para los sueldos y privilegios de la élite que hoy gobierna.
El punto tercero del orden del día se desahogó sin un solo gramo de debate real, evidenciando un desprecio total por el bienestar de los servidores públicos. La «Propuesta, análisis y discusión» que anunciaba el Secretario del Ayuntamiento fue una farsa total: no hubo análisis, no hubo discusión, solo hubo el eco de una mayoría rapaz que actuó como una banda de liquidadores de derechos. Mientras Bahía de Banderas se presume como el gigante económico del Pacífico, su presidente Héctor Santana ha demostrado que su lealtad no está con el ciudadano, sino con el presupuesto estatal, actuando como el capataz que entrega a sus propios trabajadores para tapar los boquetes financieros y la corrupción de administraciones pasadas.
Esta «armonización» con la reforma al artículo 127 constitucional es, en la práctica, un certificado de defunción para la justicia laboral en Nayarit. El mensaje del Cabildo es aterrador: el esfuerzo de una vida entera ahora está sujeto a los caprichos de una tabla presupuestaria que busca «ahorrar» a costa del hambre de los ancianos. La hipocresía de la administración de Santana es total; hablan de un sistema «compatible con el interés público» mientras sesionan a puerta cerrada y en tiempo récord, evitando el escrutinio de los sindicatos que hoy ven cómo sus conquistas históricas son reducidas a cenizas por un grupo de regidores que prefirieron la comodidad del «sí, señor» antes que la defensa de sus representados.
La historia no perdonará a este Decimosegundo Ayuntamiento, cuyo nombre quedará manchado por este acto de cobardía institucional cometido a las dos de la tarde de un fatídico 7 de abril de 2026. Los «derechos adquiridos» que dicen proteger son hoy una promesa vacía que se ahoga en el silencio de una sesión clausurada en minutos. Hoy, Bahía de Banderas amanece bajo el yugo de un gobierno que no protege, sino que despoja. El nombre de cada cómplice que votó a favor será recordado por cada trabajador que, al llegar al final de su carrera, se encuentre con que el gobierno de Héctor Santana y sus regidores lacayos le robaron la esperanza de una vejez digna para financiar su propia sumisión política.
