Por Ricardo Reyes.
El incendio forestal que desde el 16 de marzo devora el Cerro de San Juan —pulmón natural compartido entre Tepic y Xalisco— ha dejado al descubierto la insuficiente prevención y la tardía respuesta del Gobierno del Estado, obligando a miles de nayaritas a respirar humo tóxico durante días mientras las autoridades parecen limitarse a comunicados y restricciones de acceso.
El siniestro, que ya consumió entre 250 y 400 hectáreas de pastizales y vegetación arbustiva en el Área Natural Protegida, generó una densa nube de humo que cubrió gran parte de la zona metropolitana de Tepic y comunidades de Xalisco. Residentes reportan irritación en ojos, garganta y vías respiratorias, especialmente en niños, adultos mayores y personas con padecimientos crónicos, sin que se haya activado una alerta sanitaria contundente ni se hayan distribuido masivamente cubrebocas o recomendaciones preventivas más allá de exhortos genéricos.

A pesar de que el fuego inició hace más de una semana, el avance en su control ha sido lento: apenas se reportó un 65-70% de control hacia el 19 de marzo, con promesas de llegar al 90% en los días posteriores. Brigadistas de CONAFOR, COFONAY, SDS, Protección Civil, SEDENA y SEMAR trabajan en el sitio, pero muchos ciudadanos cuestionan por qué no se desplegaron recursos preventivos suficientes durante la temporada de estiaje, cuando ya se preveía alto riesgo de incendios en esta zona recurrentemente afectada.
La ciudadanía critica que, año tras año, el cerro sufre quemas que podrían evitarse con campañas más agresivas de vigilancia, sanciones efectivas contra responsables de quemas ilegales y una estrategia real de prevención forestal. En lugar de ello, el Gobierno estatal opta por cerrar el acceso una vez que el daño ya está hecho, restringir senderismo y realizar vuelos con altavoces para desalojar a la gente, mientras la contaminación atmosférica se prolonga sin que se informe con transparencia sobre los niveles reales de partículas PM2.5 o medidas de mitigación inmediata para la población expuesta.
Aunque no se reportan pérdidas humanas ni daños a viviendas, el impacto ecológico y en la salud pública es innegable: un área clave para la recarga de acuíferos y la biodiversidad local ha quedado severamente dañada, y su recuperación podría tomar décadas. No obstante, las investigaciones sobre el probable origen humano del fuego avanzan sin celeridad aparente, lo que alimenta la percepción de impunidad.
Organizaciones vecinales y usuarios de redes sociales exigen al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero y su equipo una rendición de cuentas clara: ¿dónde estuvo la planeación preventiva?, ¿por qué se permite que el “pulmón de Tepic” siga siendo víctima recurrente de la negligencia?, y ¿cuándo se implementarán acciones estructurales en lugar de respuestas reactivas que llegan cuando el humo ya cubre la ciudad?
Mientras las llamas se apagan lentamente, la indignación crece: los nayaritas no merecen seguir pagando con su salud y su entorno la falta de compromiso y previsión de las autoridades estatales. El Cerro de San Juan no puede esperar otra temporada de estiaje para volver a arder por omisión oficial.

