Por Ricardo Reyes.
La rehabilitación de la carretera Ruiz–Zacatecas, anunciada con bombo y platillo por el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, llega tarde, a medias y envuelta en una narrativa oficial que intenta maquillar años de negligencia y abandono en las comunidades serranas de Nayarit.
La vía que comunica decenas de localidades indígenas y rurales —como San Pedro Ixcatán y otras en la sierra— ha permanecido durante décadas en condiciones deplorables: baches profundos, derrumbes frecuentes, falta de señalización y riesgo constante para quienes transitan por ella, especialmente en temporada de lluvias. Vecinos han denunciado públicamente que el deterioro ha aislado comunidades, encarecido el transporte de productos agrícolas, complicado el acceso a servicios médicos de emergencia y provocado accidentes que han costado vidas y lesiones graves. Sin embargo, solo ahora, bien entrada la administración de Navarro Quintero, se inicia la intervención en apenas 36 kilómetros (del tramo Ruiz a San Pedro Ixcatán), con una inversión estatal de 45 millones de pesos y un plazo prometido de 120 días.
Esta obra parcial representa una respuesta tardía a una demanda histórica que sucesivas administraciones —incluidas las previas al actual gobierno— ignoraron sistemáticamente. El anuncio oficial destaca que los recursos provienen de la recaudación estatal “sin generar deuda pública”, pero omite convenientemente por qué se esperó tanto tiempo para actuar si el dinero ya estaba disponible. Críticos locales señalan que la carretera federal 44 (Ruiz–Zacatecas) ha sido víctima de un abandono crónico por parte de los tres niveles de gobierno, y que el banderazo de inicio parece más un acto de imagen política que una solución integral.
Además, el gobernador agradeció públicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum por un supuesto respaldo para rehabilitar “otros tramos” en el futuro cercano, lo que deja en evidencia que la intervención actual es limitada y depende de promesas federales que aún no se concretan. Mientras tanto, las comunidades serranas siguen padeciendo los efectos de una vía intransitable en gran parte de su recorrido hacia Zacatecas capital, con riesgos que persisten día a día.
El discurso de “justicia social” y “resolver rezagos históricos” suena hueco cuando se contrasta con la realidad: la sierra nayarita lleva lustros exigiendo conectividad digna, y lo que se ofrece ahora es un parche parcial, anunciado con presencia familiar (la esposa del gobernador, presidenta del DIF, acompañándolo en la supervisión) y con plazos optimistas que la experiencia enseña suelen incumplirse en obras carreteras del estado.
Las familias de la región no necesitan más eventos protocolarios ni reconocimientos mutuos entre autoridades; requieren una carretera rehabilitada en su totalidad, con mantenimiento permanente y sin que tengan que esperar otra administración para ver avances reales. Por ahora, el arranque de estos trabajos solo confirma lo que muchos ya sabían: en Nayarit, las necesidades de las zonas más marginadas siguen siendo atendidas a cuentagotas y con retraso injustificable.

