Ciudad de México (RRC): El exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es considerado prófugo de la justicia estadounidense tras una acusación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de “Los Chapitos”.
Según el indictment unsealed el 29 de abril de 2026 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Rocha Moya, de 76 años y militante de Morena, enfrenta cargos graves que incluyen conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer dichas armas. De ser encontrado culpable, podría recibir una pena de cadena perpetua o un mínimo obligatorio de 40 años de prisión.
Las autoridades estadounidenses alegan que Rocha Moya, quien gobernó Sinaloa desde noviembre de 2021, habría recibido apoyo del cártel —incluyendo secuestros e intimidación a rivales— a cambio de protección e impunidad para sus operaciones de tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Según el documento, asistió a reuniones con líderes del grupo criminal y permitió su operación libre en el estado.
Ante la presión, Rocha Moya solicitó licencia temporal al cargo a inicios de mayo de 2026 para “facilitar las investigaciones” en México, aunque el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha cuestionado la solidez de las pruebas presentadas por EE.UU. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió la solicitud de detención provisional con fines de extradición, pero señaló que los documentos carecían de elementos probatorios suficientes según el tratado bilateral.
A pesar de la licencia, diversos medios y analistas lo refieren como exgobernador o con licencia, y reportes recientes lo describen como prófugo ante la falta de detención y su paradero poco claro, con reportes de que habría salido de Culiacán junto con familiares.
El caso ha generado una fuerte crisis diplomática entre México y Estados Unidos. El gobierno mexicano inició investigaciones propias a través de la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que la oposición, como el PAN, ha exigido la detención inmediata y extradición de Rocha Moya.
Rocha Moya ha rechazado las acusaciones, calificándolas de “falsas y dolosas” y como un ataque político a la Cuarta Transformación. Otros funcionarios sinaloenses, incluyendo un senador de Morena, el alcalde de Culiacán y ex altos mandos de seguridad y finanzas, también fueron acusados en el mismo caso.
Este escándalo se suma a la larga lista de señalamientos contra funcionarios mexicanos por presuntos nexos con el narcotráfico, y pone a prueba las relaciones bilaterales en materia de seguridad y extradición, en un contexto de tensiones por el combate al fentanilo y el crimen organizado.
Hasta el momento, no se ha confirmado su detención ni extradición, y su situación legal sigue en desarrollo tanto en México como en Estados Unidos.
