INCOMPETENCIA, IMPUNIDAD Y ECOCIDIO: EL GOBIERNO DE NAVARRO QUINTERO Y LA NEGLIGENCIA CRUDA DE ROSA ELIZABETH SEGURA SENTENCIAN A MUERTE A LAS MARISMAS NACIONALES.
Redacción 
Por Carlos Hartig.
Las Marismas Nacionales de Nayarit —el sistema de humedales costeros más extenso del Pacífico mexicano, con 133 mil hectáreas que concentran casi el 20% de los manglares del país— registran un deterioro ecológico acelerado debido a la falta de inspección y a la proliferación de infraestructura irregular. A pesar de contar con el estatus de Reserva de la Biosfera desde 2010 y ser un Sitio Ramsar de importancia internacional, el ecosistema padece un ecocidio derivado de la acuacultura clandestina, la tala de vegetación protegida y alteraciones hidrológicas como el Canal de Cuautla. La inacción del Gobierno del Estado, encabezado por Miguel Ángel Navarro Quintero, ha permitido el avance de estas actividades ilícitas dentro del polígono de conservación, reduciendo los decretos ambientales a meros formalismos burocráticos sin vigencia real en los municipios de Tecuala, Acaponeta, Rosamorada, Tuxpan y Santiago Ixcuintla.
La responsabilidad operativa y jurídica de este abandono recae directamente sobre la Ing. Rosa Elizabeth Segura Saldaña, titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), y sobre la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente. Fuentes técnicas y defensores del territorio confirman que la SDS ha operado de manera pasiva ante las denuncias presentadas, acumulando expedientes de desmonte sin ejecutar sanciones punitivas ni suspensiones definitivas. Aunque la Procuraduría ambiental del estado tiene la facultad regulatoria de vigilar y clausurar las obras que violen el impacto ambiental, los operativos en las zonas críticas de la marisma profunda son inexistentes. Esta parálisis institucional deja libre el paso a la maquinaria pesada de empresas acuícolas que desecan terrenos ejidales y destruyen la cobertura forestal costera a plena luz del día.
Esta falta de intervención por parte de la dependencia a cargo de la Ing. Segura Saldaña constituye una violación flagrante al marco legal mexicano. El artículo 420 Bis del Código Penal Federal tipifica el daño, desmonte o relleno de humedales como un delito grave que sanciona a los responsables con hasta diez años de prisión inconmutable, mientras que la NOM-059-SEMARNAT-2010 clasifica al mangle Rojo, Negro, Blanco y Botoncillo como especies «Amenazadas». La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental obliga al Estado a exigir la reparación total del daño; sin embargo, la omisión y la ceguera selectiva de las autoridades de Nayarit facilitan la impunidad de los infractores. Al permitir el bloqueo de los flujos de agua dulce, la SDS promueve de manera indirecta la hipersalinización del suelo, provocando la mortandad masiva de los bosques flotantes.
Ante el vacío de autoridad dejado por la administración de Navarro Quintero, organizaciones internacionales como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y Greenpeace han tenido que intervenir para documentar el desastre y financiar proyectos de emergencia. WWF ha advertido formalmente que la remoción del manglar elimina el único escudo físico de Nayarit contra el impacto de huracanes de gran intensidad, incrementando el riesgo de inundaciones severas en las poblaciones del interior debido al cambio climático. Por su parte, Greenpeace ha calificado la crisis de Marismas Nacionales como un modelo de «crimen corporativo tolerado», denunciando públicamente que la industria del camarón opera estanques clandestinos que vierten lodos saturados de antibióticos y agroquímicos hacia los canales estuarinos ante la complacencia de los inspectores de la Procuraduría estatal.
Los datos científicos generados por la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), en coordinación con la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras (WHSRN), confirman la gravedad de la situación que la SDS insiste en ignorar. Los muestreos de la UAN demuestran que el humedal sufre un proceso de asfixia por sedimentación y falta de agua dulce, derivado de la deforestación en las cuencas altas y de la nula inversión estatal en infraestructura de restauración hidrológica. Mientras la academia y los organismos internacionales demandan la apertura urgente de canales de flujo para salvar los ecosistemas remanentes, la secretaría liderada por la Ing. Segura Saldaña responde con simulaciones administrativas y justificaciones presupuestales, evidenciando una severa carencia de capacidad técnica para manejar la crisis ambiental del estado.
La consecuencia directa de esta negligencia institucional es el colapso de las poblaciones de fauna silvestre protegida por las leyes federales. Marismas Nacionales funciona como el corredor biológico costero más importante para el jaguar (Panthera onca), especie que hoy se ve forzada a desplazarse a zonas ganaderas debido a la fragmentación de su hábitat, donde es exterminada en cacerías ilegales de represalia. Asimismo, aves en peligro crítico como la cigüeña jabirú y el pato real pierden de forma acelerada sus áreas de nidación y forrajeo. En el litoral marítimo, la ausencia absoluta de vigilancia por parte de la Procuraduría Estatal permite el saqueo de los nidos de tortuga laúd y golfina, rompiendo los ciclos biológicos indispensables para la productividad pesquera de toda la región.
La destrucción de las Marismas Nacionales representa un golpe definitivo a la estructura económica, alimentaria y social de Nayarit. El colapso definitivo del ecosistema de manglar liquidará los bancos naturales de reproducción de camarón, ostión y escama, afectando el sustento de miles de familias de pescadores artesanales y provocando crisis de desempleo y migración forzada en los municipios costeros. Además, la degradación ambiental impacta el entorno de la Isla de Mexcaltitán, patrimonio histórico y cultural del país. El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero enfrenta la disyuntiva de mantener el encubrimiento a la gestión de la Ing. Rosa Elizabeth Segura Saldaña o proceder con una auditoría penal e inmediata a la SDS y a la Procuraduría Estatal. La prensa nacional y local mantiene la cobertura sobre este ecocidio, donde la ineficacia oficial se consolida como un factor clave para la pérdida irreversible del patrimonio natural de la nación.
