Por Ricardo Reyes.
Con drones, aplicaciones móviles y discursos sobre innovación tecnológica, el gobierno municipal de Tepic presentó la estrategia «Alerta Violeta 2.0», un programa promovido por la alcaldesa Geraldine Ponce que, según las autoridades, permitirá solicitar auxilio inmediato desde el teléfono celular y desplegar drones de respuesta rápida ante situaciones de emergencia.
Sin embargo, detrás del espectáculo tecnológico y los elogios de funcionarios afines, surgen cuestionamientos sobre la verdadera efectividad del programa y si se trata de una política pública sólida o de una nueva herramienta de promoción política financiada con recursos públicos.
El regidor Oscar Medina López destacó la iniciativa como «un gran paso en la protección de las mujeres», reconociendo el compromiso de la presidenta municipal por innovar en materia de seguridad. No obstante, organizaciones civiles y especialistas han insistido en que la violencia de género no se combate únicamente con aplicaciones ni anuncios espectaculares, sino con ministerios públicos eficientes, refugios suficientes, atención psicológica, seguimiento judicial y una estrategia integral que hoy sigue mostrando importantes carencias.
La administración municipal presume que los drones podrán atender reportes «en cuestión de segundos», pero hasta ahora no se han transparentado aspectos fundamentales del proyecto: cuántos equipos fueron adquiridos, cuánto costó su implementación, cuáles serán sus protocolos de actuación, quién supervisará el uso de la información recopilada y cómo se garantizará la protección de datos personales de las usuarias.
Además, la presentación del programa estuvo acompañada por mensajes de reconocimiento hacia la figura de la alcaldesa, alimentando las críticas de quienes consideran que diversas acciones institucionales han sido utilizadas para fortalecer una imagen política personal, particularmente en un contexto donde la inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones de la población.
Para muchas mujeres víctimas de violencia, la pregunta sigue siendo la misma: ¿de qué sirve una alerta digital si las denuncias no prosperan, las órdenes de protección tardan en ejecutarse y persiste la impunidad?
La tecnología puede convertirse en una herramienta útil, pero difícilmente sustituye la responsabilidad del Estado de garantizar justicia, prevención y atención integral. Sin transparencia, evaluación de resultados y rendición de cuentas, «Alerta Violeta 2.0» corre el riesgo de convertirse en otro programa mediático con alto impacto publicitario, pero con beneficios inciertos para quienes más necesitan protección.
Mientras el gobierno municipal celebra la llegada de drones y aplicaciones, miles de mujeres siguen esperando algo mucho más básico: instituciones que funcionen y respuestas efectivas cuando deciden pedir ayuda.

