Por Ricardo Reyes.
Las principales obras emblemáticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), como el Tren Maya, la Refinería Olmeca de Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), han registrado sobrecostos significativos durante su construcción y continúan generando pérdidas operativas que requieren subsidios del presupuesto público.
De acuerdo con un análisis de México Evalúa, el costo inicial estimado para estos tres proyectos era de alrededor de 504,200 millones de pesos (mdp). Sin embargo, los sobrecostos alcanzaron los 673,000 mdp, lo que elevó el total a cerca de 1 billón 178,000 mdp.
El Tren Maya, uno de los proyectos más representativos del sureste mexicano, vio su presupuesto inicial de aproximadamente 197,000 mdp escalar a más de 544,000 mdp hasta 2025.
Desde su inauguración parcial en diciembre de 2023, acumula pérdidas considerables. Hasta el primer semestre de 2025 reportó más de 5,807 mdp en números rojos. En el primer trimestre de 2026, registró una pérdida neta de 2,283 mdp, con ingresos por boletos y servicios de apenas 119 mdp frente a gastos operativos superiores a los 2,400 mdp.
Para el presente año se prevén subsidios adicionales cercanos a los 30,000 mdp para mantener su operación, ya que los ingresos no cubren los costos.
La Refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, tuvo un incremento importante en su costo: de un estimado inicial cercano a los 211,000 mdp pasó a alrededor de 398,500 mdp. Opera por debajo de su capacidad incluso después de su puesta en marcha.
Por su parte, el AIFA se construyó por debajo del presupuesto inicial de construcción, pero el proyecto implicó el costo de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), que según la Auditoría Superior de la Federación representó alrededor de 146,000 mdp. En conjunto, estas obras han demandado apoyos financieros recurrentes del erario.
La Auditoría Superior de la Federación ha documentado irregularidades y posibles daños al erario en algunos tramos del Tren Maya, así como litigios pendientes que generan costos adicionales.
Expertos y analistas señalan el alto costo de oportunidad de estos recursos, mientras que autoridades y defensores destacan su contribución al desarrollo regional, la generación de empleos y el impulso a la conectividad en el sureste del país.
A más de un año del cambio de administración, estas obras siguen operando con recursos públicos y su sostenibilidad financiera continúa siendo tema de análisis en la agenda económica nacional.

