Redacción 
Por Carlos Hartig.
En un fallo que marca un precedente sin precedentes en la lucha contra la corrupción universitaria, un Tribunal Unitario de Enjuiciamiento dictó una condena de 13 años de prisión contra Luz Aidé “N”, exdirectora del Instituto Mártires 20 de Febrero. Tras años de operar con total impunidad bajo el amparo del poder sindical, la justicia finalmente alcanzó a quien fuera la cabeza de una institución privada que, durante más de una década, desangró el presupuesto de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) para alimentar un negocio particular.
El veredicto, leído este jueves en audiencia pública, desglosa una pena de siete años por el delito de ejercicio indebido de funciones y seis años más por falsificación de documentos. La jueza a cargo fue contundente: el daño causado a la máxima casa de estudios no fue solo administrativo, sino un agravio directo al patrimonio de los nayaritas. Bajo la sombra del Expediente 1533/2023, se ventiló cómo Luz Aidé “N” orquestó un esquema donde la UAN pagaba salarios, servicios y mantenimientos de una primaria particular que cobraba cuotas externas, mientras los edificios universitarios eran ocupados ilegalmente.
La caída de este instituto privado, que funcionó dentro del campus entre 2009 y 2023, es el resultado de una investigación que expuso el «saqueo sistemático» operado desde el núcleo del SETUAN. Según las pruebas presentadas por la Fiscalía, el esquema era descarado: docentes en la nómina universitaria daban clases en la primaria privada, desviando recursos que superaban los 19 millones de pesos anuales. Esta sentencia es la primera de gran calado que toca directamente al círculo cercano del exlíder sindical Luis Manuel “N”, padre de la hoy sentenciada y pieza clave en la crisis financiera de la institución.
Este fallo se suma a la cadena de procesos judiciales que rodean a la UAN, incluyendo la Causa Penal 181/2022, donde se investigan delitos de peculado y desvíos masivos que involucran a exrectores como Jorge Ignacio “N”. La red de complicidades permitía que el presupuesto destinado a la formación de jóvenes profesionales fuera utilizado para sostener las operaciones del instituto de Luz Aidé “N”, simulando convenios que carecían de validez legal y alterando documentos oficiales para ocultar el desvío de dinero público hacia intereses familiares.
Para la comunidad universitaria, este veredicto representa un respiro en medio de la asfixia económica que padece la UAN. Las instalaciones, que fueron recuperadas mediante un operativo de la Fiscalía en 2023, han dejado de ser el feudo de una familia para reintegrarse al patrimonio académico. La recuperación del inmueble y la condena de prisión son vistas como un mensaje de «tolerancia cero» contra los cacicazgos que, por años, vieron a la universidad como una caja chica para sus negocios personales.
Finalmente, aunque la sentencia de 13 años parece cerrar un capítulo, la batalla legal continúa. La defensa de la ahora condenada aún tiene la posibilidad de apelar, mientras la Universidad y la Fiscalía mantienen la mira puesta en la reparación del daño. El objetivo es claro: recuperar los millones de pesos saqueados para devolverle la viabilidad financiera a la UAN y asegurar que el edificio que alguna vez albergó el lucro privado, sea hoy un espacio exclusivo para el crecimiento de los estudiantes de Nayarit.
