Redacción 
Por Carlos Hartig.
La política de Bahía de Banderas ha alcanzado un nivel de cinismo que raya en lo criminal. Mientras el alcalde Héctor Santana se envuelve en un discurso de «bienestar», los hechos demuestran que su administración ha vendido la dignidad del pueblo por una transferencia bancaria. El Comité Puntamitense tuvo que viajar a la Ciudad de México para hacer el trabajo que Santana, por incapacidad o complicidad, se negó a realizar: defender el patrimonio natural de los nayaritas. La visita a la PROFEPA no fue un viaje de placer, fue una huida desesperada de la negligencia de un gobierno local que parece operar más como una oficina de ventas para desarrolladores que como una autoridad civil.
La cifra de la vergüenza tiene nombre y apellido: $21,528,481.64 pesos. Ese fue el costo del silencio de Héctor Santana. Desde que el Ayuntamiento cobró esta estratosférica suma a Proyecto H5 Nayarit en abril de 2025, la supervisión municipal en Playa Las Cocinas desapareció por arte de magia. Es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos pretender que la falta de vigilancia es una «omisión administrativa». No, señor Santana; cuando se reciben más de 21 millones de pesos y acto seguido se cierran los ojos ante la destrucción de la Zona Federal, eso no es ineficiencia, es una entrega total de la soberanía municipal a los intereses del cemento y el capital.
Resulta humillante para la figura del alcalde que haya tenido que ser una diputada de su propio partido, Andrea Navarro, quien le pusiera el ejemplo de lo que significa representar al pueblo. Al facilitar la audiencia con Mariana Boy en la CDMX, Navarro no solo exhibió la cobardía política de Santana, sino que desnudó la ruptura de un gobierno local que ha decidido jugar en contra de sus propios principios. La llegada personal del Fiscal General de la República a la playa, con peritos y equipo técnico, es la prueba definitiva de que en Bahía de Banderas no hay ley, o mejor dicho, la ley está de vacaciones pagadas por el desarrollador.
Mientras Santana se oculta tras comunicados vacíos, la Federación ya está midiendo y fotografiando el desastre que él permitió. La presencia de la FGR en la arena de Las Cocinas es una bofetada seca a la soberanía municipal que el alcalde ha pisoteado. ¿Cómo explica Héctor Santana que el Gobierno Federal deba intervenir para proteger 20 metros de zona marítima que están bajo su nariz? La respuesta es obvia: la supervisión pública fue sacrificada en el altar de la recaudación. Para esta administración, el medio ambiente es un estorbo y la denuncia ciudadana una molestia que se ignora tras cobrar el cheque.
La «Batalla por Playa Las Cocinas» ha dejado de ser un conflicto vecinal para convertirse en el juicio público al trienio de Santana. El pueblo de Punta de Mita no solo lucha contra las máquinas de Proyecto H5, lucha contra un Ayuntamiento que se ha convertido en el principal aliado del despojo. Cada metro de playa invadido, cada peritaje de la FGR y cada evidencia técnica presentada en la capital son clavos en el ataúd de la credibilidad de un alcalde que prefirió los millones de la licencia de construcción antes que la confianza de quienes lo eligieron.
Hoy, Bahía de Banderas es noticia nacional no por su belleza, sino por la podredumbre de una gestión que le puso precio a sus playas. Héctor Santana pasará a la historia local no como el alcalde que trajo progreso, sino como el funcionario que se quedó sentado mientras la Federación y la comunidad rescataban lo que él vendió por poco más de 21 millones de pesos. El mensaje es claro: en Nayarit, la dignidad de la tierra no tiene precio, aunque el alcalde crea que sí.
