¡ESTRANGULAMIENTO EDUCATIVO EN NAYARIT!: EL CLAN DE LOS SEPEN CONTRA EL FUTURO DE LA NIÑEZ.
Redacción 
Por Carlos Hartig.
Tepic, Nay.- En un acto que raya en el terrorismo burocrático y el desprecio absoluto por la infancia nayarita, el Gobierno de Miguel Ángel Navarro Quintero, a través de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN), ha desatado una cacería administrativa contra los trabajadores de los CENDIS «Paulo Freire». Tras someter al personal a horas de humillación y «largas» en las oficinas gubernamentales, la respuesta ha sido el chantaje: o firman un convenio laboral ilegal o se les retiene el salario. Jaime Cervantes Rivera, Director General de los centros, denunció que esta maniobra es una embestida directa contra la dignidad magisterial, orquestada por mandos que actúan con dolo para secuestrar recursos federales que ya están etiquetados y listos para su dispersión.
La narrativa de «malos manejos» impulsada desde el Palacio de Gobierno es una cortina de humo cínica y desvergonzada para encubrir la propia voracidad de los funcionarios locales. Resulta insultante que se pretenda criminalizar a los CENDIS cuando es el propio Director General de los SEPEN, el M. Ed. Eduardo Villarreal Guereña, quien por protocolo y facultades tiene el control del presupuesto, la contratación de proveedores y el pago de nóminas desde 2019. De los casi 100 millones de pesos destinados al programa, la dirección educativa no toca un solo centavo; si existen irregularidades, los responsables están en la cúpula de los SEPEN que administra el dinero con una opacidad que hoy pretenden proyectar hacia las víctimas.
La figura central de este atropello jurídico es el Lic. Paulo Yahir Murillo Aguayo, Director del Área Jurídica de la Secretaría, señalado como el arquitecto de un «convenio laboral» que funciona como una sentencia de muerte para los derechos de los trabajadores. Este documento, ajeno a los lineamientos federales del Programa de Expansión de la Educación Inicial (PEI), busca obligar al personal a renunciar implícitamente a 21 años de antigüedad. El condicionamiento del sueldo a cambio de esta firma es una táctica de extorsión institucional que viola la ley, orquestada por Murillo Aguayo para legalizar un despojo laboral bajo el amparo del poder estatal.
Este sabotaje administrativo es una bofetada directa a la política educativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien ya consensó un incremento salarial del 13% y bonos anuales que hoy están secuestrados por la burocracia nayarita. Mientras el Gobierno Federal prioriza la educación inicial, en Nayarit funcionarios como Villarreal Guereña actúan como mercenarios del presupuesto, bloqueando beneficios gestionados por los legisladores del Partido del Trabajo (PT). La retención de estos pagos no es un error de trámite; es un acto de sabotaje político que utiliza el hambre de los docentes como herramienta de presión para fines electorales con miras al 2027.
Cervantes Rivera ha identificado con claridad a la red que mantiene al Gobernador en una burbuja de mentiras: Fabiola Ortiz, responsable del programa, y el titular de los SEPEN, Eduardo Villarreal Guereña, quienes junto al Lic. Paulo Yahir Murillo Aguayo demuestran una incapacidad técnica alarmante. Esta red de desinformación ha ignorado deliberadamente las 70 páginas de lineamientos nacionales, prefiriendo la confrontación y el hostigamiento sistemático. Es una estructura de mando que opera bajo la intimidación, poniendo en riesgo la atención de cientos de niños en los programas CENDIS,CECAPI y de Visita a Hogares.
La realidad en las aulas es un testimonio de resistencia social: los CENDIS operan hoy gracias al sacrificio de los padres de familia, quienes con aportaciones voluntarias cubren lo que el Estado no puede o no quiere resolver. Mientras Villarreal Guereña y Murillo Aguayo se esconden tras comunicados en redes sociales para anunciar pagos condicionados, la comunidad escolar hace «maravillas» para alimentar a los menores. Es una vergüenza nacional que un gobierno que se dice de «transformación» obligue a los ciudadanos a financiar la educación pública mientras sus burócratas se dedican a perseguir y chantajear a quienes sí trabajan.
El conflicto ha escalado ya a una crisis de relevancia nacional que se resolverá en la Ciudad de México. La próxima semana se instalará una mesa de diálogo urgente para frenar los abusos de los SEPEN y del área jurídica de Paulo Yahir Murillo Aguayo, buscando unificar criterios que impidan más interpretaciones «tramposas». El ultimátum es claro: no se aceptarán convenios bajo coacción ni se permitirá el robo de la antigüedad laboral. La lucha por el respeto a los 21 años de servicio llegará hasta las últimas consecuencias, desenmascarando a quienes hoy pretenden convertir la educación inicial en su botín personal.
