Por Carlos Hartig.
La regidora de Santiago Ixcuintla, Leidy Rodríguez, ha desatado una ola de críticas tras sus recientes declaraciones públicas que ponen en duda la autonomía de su cargo. En un mensaje que buscaba proyectar institucionalidad, la funcionaria terminó por confirmar lo que muchos temían: su agenda política parece estar dictada por intereses externos y no por las necesidades urgentes de la ciudadanía que representa en el cabildo.
El punto de mayor controversia surge cuando Rodríguez agradece abiertamente a la senadora Jazmín Bugarín por la “confianza para representarla”. Esta afirmación resulta alarmante desde el punto de vista democrático, ya que un regidor recibe su mandato directamente de las urnas y del pueblo, no por designio o «encargo» de una figura política de nivel federal.
Esta evidente subordinación política sugiere que, para la regidora del PVEM, el bienestar de Santiago Ixcuintla es secundario frente a la necesidad de quedar bien con su tutora política. Al afirmar que cumple con «indicaciones» externas mientras ocupa una silla en la mesa de decisiones municipal, Rodríguez desvirtúa la esencia del servicio público y la Ley Municipal que juró defender.
Mientras la regidora se deshace en halagos hacia la senadora, los habitantes de Santiago Ixcuintla se preguntan dónde están los resultados tangibles de su gestión. Hasta el momento, su paso por el cabildo parece destacar más por la publicación de mensajes de alineación política que por la presentación de proyectos o soluciones reales para los problemas que aquejan al municipio.
La función de un representante popular es cuestionar, proponer y vigilar el uso de los recursos públicos en favor de la gente, no actuar como una extensión de la voluntad de terceros. Cuando un funcionario confunde el «honor de servir» con el «placer de obedecer» a una figura de poder, se fractura la confianza ciudadana y se abre la puerta a una gestión carente de criterio propio.
Santiago Ixcuintla no puede permitirse funcionarios que vean su cargo como una plataforma de servilismo político. La ciudadanía tiene el derecho y la obligación de exigir que Leidy Rodríguez rinda cuentas a quienes realmente la pusieron en ese puesto, y no a quienes utiliza como estandarte para asegurar su permanencia en el círculo del poder.

