Por Carlos Hartig.
El XII Ayuntamiento de Bahía de Banderas ha tocado fondo en una exhibición de incapacidad política sin precedentes. Durante la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo, un bloque mayoritario de regidores y el síndico municipal rechazaron formalmente el ingreso de más de 20 millones de pesos provenientes del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR). El desplante no solo evidencia una fractura interna insalvable, sino que pone en jaque la operatividad de los Centros Integralmente Planeados (CIP) y las zonas turísticas del municipio, que dependen de estos convenios federales para el mantenimiento de infraestructura básica, alumbrado y limpieza.
La gravedad del rechazo radica en la naturaleza técnica de estos fondos. FONATUR no entrega «cheques en blanco»; sus recursos están estrictamente etiquetados para el Mantenimiento y Conservación de Infraestructura en destinos de alta relevancia. Al negarse a recibir este capital, el cabildo está condenando a zonas emblemáticas de Bahía de Banderas a un deterioro acelerado. Este «bloqueo» financiero es la respuesta directa de un cuerpo edilicio que ya no confía en la mano que firma los cheques: la de un Héctor Santana cuya gestión se ha vuelto sinónimo de opacidad y retrasos sistemáticos, como las dos horas que tardó en iniciar la sesión.
El contexto que rodea a Héctor Santana es el de un gobernante bajo asedio legal y ético. En marzo de 2026, el alcalde ya se encontraba en la mira del Instituto Estatal Electoral de Nayarit (IEEN), enfrentando posibles sanciones por promoción personalizada. Para los regidores opositores, autorizar la entrada de 20 millones adicionales a una administración señalada por utilizar el erario para alimentar el culto a la imagen del alcalde es un riesgo político que no están dispuestos a correr. El rechazo, por tanto, no es solo un acto de rebeldía, sino un «voto de censura» a un estilo de gobierno que prioriza el reflector personal sobre la transparencia institucional.
Mientras tanto, la parálisis en Obras Públicas es alarmante. Los recursos de FONATUR son vitales para la modernización de servicios que el municipio, por sí solo, no puede costear debido a la pesada carga de deudas heredadas y demandas laborales que ascienden a millones de pesos. Al cerrar la puerta a la federación, Santana demuestra que ha perdido su activo más valioso: la capacidad de concertación. Un alcalde que no puede garantizar a su cabildo que el dinero del pueblo será usado para el pueblo, y no para campañas disfrazadas de gestión, es un alcalde que gobierna en el vacío.
Paradójicamente, la administración de Santana intenta vender una narrativa de «bonanza» y eficiencia digital, mientras que en la práctica los servicios básicos en las comunidades más necesitadas sufren el recorte de esta inversión federal. La negativa de los regidores a permitir el ingreso de estos 20 millones de pesos de FONATUR es la prueba fehaciente de que el discurso oficial se ha estrellado contra la realidad de un ayuntamiento dividido. El municipio queda así atrapado en un laberinto donde el progreso se detiene por la falta de rendición de cuentas y el exceso de soberbia ejecutiva.
El destino de Bahía de Banderas no puede seguir siendo moneda de cambio en las rencillas políticas de Héctor Santana. Si el alcalde no es capaz de sanear su relación con el cabildo y deslindarse de las acusaciones de promoción personalizada, los 20 millones rechazados serán solo el inicio de una fuga de capitales y oportunidades. Hoy, las calles y la infraestructura turística pagan el precio de tener un gobierno que gasta más energía en defender su imagen ante el IEEN que en asegurar los recursos que por derecho corresponden a los ciudadanos.

