Por Ricardo Reyes.
La presidencia del Congreso del Estado, encabezada por Salvador Castañeda Rangel, se ha convertido en un claro ejemplo de inercia política, falta de carácter y una preocupante subordinación al poder Ejecutivo, dejando en entredicho la autonomía y el verdadero papel del Poder Legislativo en Nayarit.
A más de la mitad de su gestión, el balance es poco alentador: iniciativas aprobadas “fast track”, debates prácticamente inexistentes y un Congreso que opera de espaldas a la ciudadanía. Lejos de impulsar una agenda propia o de defender los intereses de los nayaritas, la actual legislatura ha optado por el camino cómodo de validar decisiones sin cuestionamientos, alimentando la percepción de un órgano legislativo sometido.
La conducción de Castañeda Rangel ha sido señalada por su tibieza política y su incapacidad para generar contrapesos reales. En lugar de liderar un Congreso plural y activo, ha permitido que prevalezca una dinámica de silencio, donde los temas relevantes simplemente no se discuten o se aprueban sin el mínimo análisis. La rendición de cuentas brilla por su ausencia.
Organizaciones civiles y actores políticos han comenzado a alzar la voz ante lo que califican como un “vaciamiento” del Poder Legislativo, reducido a una figura decorativa que legitima decisiones previamente tomadas. La falta de transparencia en el manejo de iniciativas, así como la nula socialización de reformas, refuerzan la idea de un Congreso cerrado y distante.
En un contexto donde Nayarit enfrenta desafíos urgentes en seguridad, economía y desarrollo social, la pasividad del Congreso resulta no solo preocupante, sino irresponsable. La ciudadanía no solo exige resultados, sino también representantes que cuestionen, propongan y defiendan el interés público.
Hoy, bajo la presidencia de Salvador Castañeda Rangel, el Congreso de Nayarit parece haber renunciado a su esencia democrática, dejando una estela de dudas sobre su utilidad real y su compromiso con los nayaritas.

