Redacción 
Por Ricardo Reyes.
Una red de granjas camaroneras que operan al margen de la ley ha encendido las alertas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, luego de que se detectara que al menos diez unidades de producción en el estado podrían enfrentar clausuras por incumplir la normativa ambiental vigente.
De acuerdo con autoridades de la PROFEPA en la entidad, estas granjas funcionan sin los permisos correspondientes o violando condicionantes clave en materia de impacto ambiental, lo que las coloca en una situación de alto riesgo legal. Las inspecciones han revelado posibles afectaciones a ecosistemas sensibles, especialmente en zonas costeras y esteros donde la actividad acuícola ha crecido sin control.
El señalamiento no es menor: Nayarit es uno de los principales productores de camarón en el país, pero el crecimiento desordenado de esta industria ha comenzado a pasar factura. Especialistas advierten que la operación clandestina no solo evade la regulación, sino que también podría generar daños irreversibles a manglares, calidad del agua y biodiversidad local.
Aunque no se han revelado públicamente los nombres de las granjas involucradas, la PROFEPA confirmó que ya se iniciaron procedimientos administrativos que podrían derivar en clausuras temporales o definitivas, así como sanciones económicas para los responsables.
Productores formales han manifestado su preocupación ante esta situación, señalando que la competencia desleal de quienes operan fuera de la ley pone en desventaja a quienes sí cumplen con las regulaciones ambientales y sanitarias.
La autoridad ambiental advirtió que continuará con operativos de vigilancia en todo el estado, en un intento por frenar la proliferación de granjas irregulares y garantizar que la industria camaronera no siga creciendo a costa del entorno natural. Mientras tanto, el caso pone sobre la mesa una problemática recurrente: el débil control institucional frente a actividades productivas que avanzan más rápido que la capacidad de supervisión.
