“Austeridad a modo”: El Congreso de Nayarit aprueba la reforma que recorta contrapesos bajo discurso de paridad.
Redacción 
Por Ricardo Reyes.
Bajo el argumento de combatir privilegios y promover la igualdad de género, el Congreso de Nayarit avaló una reforma constitucional alineada al llamado “Plan B Electoral” impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, una decisión que ha comenzado a generar fuertes críticas por sus posibles efectos en la autonomía institucional y la calidad democrática.
Durante una sesión ordinaria, las y los diputados de la Trigésima Cuarta Legislatura aprobaron sin mayor resistencia la minuta enviada por el Senado, la cual introduce límites presupuestales a congresos locales, ayuntamientos y órganos electorales, bajo el discurso de austeridad y eliminación de “privilegios”.
Sin embargo, especialistas y voces críticas advierten que, lejos de representar un avance, la medida podría debilitar la operatividad de los poderes locales y reducir su capacidad de actuar como contrapeso frente al Ejecutivo.
Uno de los puntos más polémicos es el tope presupuestal del 0.70 por ciento del gasto estatal para los congresos locales, lo que, según analistas, podría traducirse en legislaturas con menor capacidad técnica, dependencia política y limitada vigilancia del uso de recursos públicos.
En el ámbito municipal, la reforma impone un número máximo de regidurías —hasta 15— y obliga a cumplir con criterios de paridad de género. Aunque la medida se presenta como un avance en igualdad sustantiva, críticos sostienen que se trata de una narrativa políticamente conveniente que encubre una reducción en la representación ciudadana.
“Se vende como paridad, pero en el fondo es un ajuste que limita la pluralidad y la voz de las minorías”, señalan observadores políticos, quienes consideran que la reforma prioriza el control del gasto sobre la calidad de la democracia.
En cuanto a los órganos electorales, la imposición de límites salariales y la prohibición de prestaciones adicionales ha sido interpretada por algunos sectores como un intento de debilitar su independencia, al reducir incentivos y condiciones laborales para perfiles técnicos especializados.
A pesar de que el dictamen fue aprobado bajo el argumento de fortalecer las reglas democráticas, la rapidez del proceso y la ausencia de un debate profundo han encendido alertas sobre una posible concentración de poder y el debilitamiento de instituciones clave.
Con esta decisión, el Congreso de Nayarit se suma a la ola de legislaturas que han respaldado una reforma que, para sus detractores, representa más un ajuste político que un verdadero avance democrático.
