Tepic , Nayarit (RRC): Productores enfrentan cuenta regresiva para evitar sanciones, perder apoyos clave y quedar fuera de programas estratégicos; el plazo vence el 28 de abril.
La cuenta regresiva ya comenzó y el margen de error es mínimo. A menos de tres semanas de que concluya el plazo oficial, el Gobierno de México lanzó una advertencia directa a los productores agrícolas: regularizar las concesiones de agua no es opcional, es urgente.
A través de la Dirección Local Nayarit de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se reiteró que el Decreto de Facilidades Administrativas —vigente desde octubre de 2025— llegará a su fin el próximo 28 de abril, sin posibilidad de prórroga, marcando un punto de quiebre para miles de usuarios que aún operan con títulos vencidos.

El programa está enfocado en pequeños productores con concesiones de hasta 500 mil metros cúbicos anuales, vencidas entre 2017 y 2025. Sin embargo, autoridades reconocen que un número importante aún no ha iniciado el trámite, lo que podría traducirse en consecuencias legales, económicas y productivas.
No regularizar la concesión de agua implica riesgos concretos. Entre ellos, sanciones administrativas, restricciones en el uso del recurso e incluso la pérdida del derecho a explotarlo de manera legal.
Pero el impacto va más allá: productores que no estén en regla quedarán fuera de apoyos federales fundamentales, como el Programa Especial de Energía para el Campo (PEUA), que ofrece tarifas eléctricas preferenciales para sistemas de riego. En un contexto de altos costos energéticos, este beneficio puede representar la diferencia entre la rentabilidad o el abandono de cultivos.
“El agua es el motor del campo, pero la energía es el costo que lo hace funcionar”, advierten especialistas, quienes subrayan que la combinación de ambos factores define la viabilidad de miles de unidades de producción.
De acuerdo con la Conagua, estas facilidades responden a una política impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, orientada a reducir la brecha de acceso a programas gubernamentales y brindar certeza jurídica a quienes históricamente han operado en condiciones irregulares.
El objetivo no solo es administrativo, sino estratégico: ordenar el uso del agua en el país, evitar la sobreexplotación de acuíferos y garantizar su disponibilidad en el largo plazo, en medio de un escenario marcado por el cambio climático y la creciente presión sobre los recursos naturales.
Para evitar que la burocracia sea un obstáculo, la Conagua habilitó módulos de atención en puntos clave como Tepic, además de Santiago Ixcuintla y Compostela, donde los productores pueden recibir asesoría personalizada y acompañamiento durante el proceso.
Los requisitos son claros: acreditar la propiedad del predio, presentar el título de concesión vencido, comprobar el uso activo del agua en los últimos dos años y entregar una solicitud por escrito. En el caso del sector agrícola, el trámite es gratuito.
Autoridades alertan que, conforme se acerca la fecha límite, podría registrarse una saturación en los módulos de atención, lo que pondría en riesgo a quienes dejen el trámite para el último momento.
El mensaje es contundente: el 28 de abril no solo marca el fin de un decreto, sino una línea divisoria entre quienes podrán seguir accediendo a apoyos y operar con certeza jurídica, y quienes enfrentarán un panorama de incertidumbre.
En una entidad como Nayarit, donde la agricultura depende en gran medida del acceso controlado al agua, la regularización no es solo un requisito legal, sino una pieza clave para la seguridad alimentaria y la estabilidad económica de miles de familias.
Con el reloj en contra, el llamado es claro: regularizar hoy es asegurar la producción de mañana.

