Por Carlos Hartig.
A pesar de la narrativa oficial que presenta el Sistema Integral de Servicios Públicos (SISEP) como una reconstrucción exitosa “desde cero”, la realidad en muchas comunidades del municipio dista mucho de ser un modelo de eficiencia y transparencia. Ramón Álvarez Arreola, director general del organismo, es retratado por el gobierno municipal como un funcionario “productivo” y capaz de enfrentar la “desatención histórica”; sin embargo, su gestión enfrenta crecientes cuestionamientos por prácticas laborales cuestionables y la persistencia de rezagos estructurales en servicios básicos.
Recientemente, se filtró un audio que evidencia un supuesto sistema de terrorismo laboral dentro de la Dirección de Servicios Públicos (ahora SISEP). Según denuncias, trabajadores operativos —especialmente del área de aseo público— serían presionados y sancionados por no asistir a eventos políticos del alcalde Héctor Santana, bajo “indicaciones” que apuntan directamente a Álvarez Arreola. Vecinos y empleados han calificado estas prácticas como abusivas, priorizando intereses proselitistas por encima de los derechos laborales y la atención ciudadana.
Lejos de la imagen de un “Sistema Integral” modernizado con autonomía y mayor capacidad de gestión, el SISEP hereda y arrastra problemas crónicos: acumulación de basura en colonias periféricas, fallas recurrentes en alumbrado público (que llegó a colapsar en un 50-60% según cifras oficiales previas), baches persistentes y un drenaje insuficiente que asfixia al municipio ante su rápido crecimiento turístico y urbano. A pesar de los anuncios de “récords históricos” en obra pública, residentes de comunidades históricamente desatendidas reportan que la “reconstrucción desde cero” se traduce más en discursos que en soluciones tangibles y sostenibles.
Dirigir un área tan demandante como los servicios públicos no es tarea fácil, y nadie lo niega. Pero transformar una dependencia “llena de problemas y desatención histórica” requiere algo más que iniciativa personal: exige transparencia, respeto a los trabajadores y resultados medibles que la ciudadanía pueda percibir en el día a día, no solo en boletines oficiales.
Mientras el gobierno local celebra la creación del SISEP como un organismo público descentralizado con “patrimonio propio”, las denuncias por presiones políticas y la lentitud en resolver rezagos históricos generan dudas sobre si realmente se está levantando el servicio público o simplemente se está reorganizando el mismo viejo problema bajo un nuevo nombre.
La ciudadanía de Bahía de Banderas, especialmente en las colonias más afectadas, espera hechos concretos: rutas de recolección confiables, calles iluminadas, drenajes funcionales y un trato digno al personal que realiza el trabajo pesado. Hasta ahora, la “productividad” destacada parece más un relato oficial que una experiencia compartida por quienes padecen a diario la falta de servicios de calidad.
El SISEP está en la mira. Reconstruir desde cero implica mucho más que cambiar siglas y tomar protesta: exige resultados reales, no solo promesas de eficiencia.

