Redacción 
Zapata
Por Javier Zapata.
Las cifras no mienten. Mientras los discursos oficiales hablan de modernización y acceso efectivo a la justicia, la realidad que enfrentan miles de trabajadores y empleadores en México cuenta una historia distinta.
Los datos reflejados del INEGI revelan que durante 2025 los tribunales laborales estatales recibieron 130 mil 921 nuevos expedientes, un incremento del 7.8 por ciento respecto al año anterior. Sin embargo, la cantidad de asuntos resueltos disminuyó 4.9 por ciento. El sentir de la gente común, cada vez son más las personas que buscan justicia laboral y cada vez son menos los casos que logran concluirse.
Detrás de cada expediente existe una historia humana. Hay trabajadores despedidos injustamente que esperan una indemnización para sostener a sus familias. Existen mujeres y hombres que reclaman salarios caídos, prestaciones incumplidas o condiciones dignas de trabajo. También hay empresas que requieren certeza jurídica para continuar operando. Cuando la justicia se retrasa, todos pierden.
La reforma laboral prometió procedimientos más ágiles, conciliación efectiva y tribunales especializados capaces de resolver conflictos con rapidez. Sin embargo, los números muestran que la carga de trabajo continúa creciendo a un ritmo mayor que la capacidad institucional para atenderla.
Más de 223 mil expedientes permanecían pendientes de resolución al cierre de 2025. Es una cifra que debería encender las alarmas en todos los niveles de gobierno. Porque una justicia lenta termina convirtiéndose en injusticia.
Resulta positivo que haya aumentado el número de personas juzgadoras en materia laboral. No obstante, incrementar plazas sin fortalecer infraestructura, tecnología, personal auxiliar y mecanismos de gestión judicial puede resultar insuficiente frente al tamaño del problema.
Particularmente preocupante es que muchos procedimientos ordinarios requieran entre cuatro meses y un año para ser concluidos. Para quien tiene ingresos estables quizá parezca un plazo razonable. Para quien perdió su empleo y depende de una resolución para recuperar derechos fundamentales, puede representar una auténtica tragedia económica y familiar.
La situación exige una reflexión seria. No basta con presumir reformas legales. Es indispensable evaluar si los tribunales cuentan con recursos suficientes, si los procesos están funcionando adecuadamente y si la conciliación realmente está reduciendo la litigiosidad.
La justicia laboral no puede medirse únicamente por el número de expedientes que ingresan o salen de una oficina. Debe medirse por la capacidad del Estado para garantizar que los derechos de trabajadores y empleadores sean protegidos de manera oportuna, imparcial y efectiva.
Porque cuando los expedientes se acumulan, también se acumulan la incertidumbre, la desesperación y la desconfianza ciudadana.
Y cuando la confianza en la justicia comienza a deteriorarse, el problema deja de ser administrativo para convertirse en un problema social.
La pregunta es inevitable: ¿estamos fortaleciendo verdaderamente la justicia laboral o simplemente estamos administrando su rezago?
La respuesta, lamentablemente, parece encontrarse en las propias cifras.
“La justicia que tarda demasiado corre el riesgo de dejar de ser justicia”.
“Justicia laboral en Nayarit: Avances y desafíos”.
En materia laboral, Nayarit forma parte del nuevo modelo de justicia laboral basado en la conciliación previa obligatoria y en tribunales laborales dependientes del Poder Judicial. El estado cuenta con un Centro de Conciliación Laboral autónomo cuyo objetivo es resolver conflictos entre trabajadores y patrones antes de llegar a juicio.
Sin embargo, las cifras nacionales del INEGI muestran una tendencia preocupante: aumentan las demandas laborales y disminuye el número de expedientes resueltos. Aunque Nayarit no aparece entre las entidades con mayor volumen de asuntos, resulta difícil pensar que permanezca ajeno a una problemática nacional que está generando rezagos en los tribunales laborales del país.
De acuerdo con el Informe Anual del Poder Judicial de Nayarit, durante 2024-2025 ingresaron 1,025 nuevos expedientes laborales, dentro de un total de 26,270 asuntos de primera instancia. Durante el mismo periodo se concluyeron 12,906 juicios en todas las materias.
“Poder Judicial: resultados positivos, pero con presión creciente”.
El Poder Judicial de Nayarit reporta esfuerzos constantes para mejorar la atención jurisdiccional y agilizar los procesos. En 2025 informó miles de incidencias atendidas mensualmente y un volumen importante de audiencias y resoluciones.
No obstante, la propia institución reconoce que existen materias altamente saturadas. La materia familiar representa cerca del 40 por ciento de la carga total de trabajo judicial, principalmente por asuntos de pensiones alimenticias, divorcios y conflictos familiares.
Esta saturación impacta indirectamente al resto de las áreas jurisdiccionales, incluyendo la laboral, porque comparten recursos humanos, infraestructura y presupuesto.
“El problema de fondo: Capacidad institucional”.
Diversos análisis externos han señalado áreas de oportunidad en la capacidad institucional del sistema de justicia nayarita. México Evalúa colocó a Nayarit en una posición crítica respecto a capacidades institucionales dentro del sistema de justicia penal, señalando la necesidad de fortalecer coordinación, recursos y desempeño institucional.
Al mismo tiempo, especialistas han advertido que las reformas judiciales en los estados, incluido Nayarit, deben acompañarse de presupuesto suficiente, capacitación y fortalecimiento operativo para evitar que los cambios normativos queden solamente en el papel.
¿Qué percibe la ciudadanía?
Desde la óptica ciudadana, la evaluación de las instituciones, no se realiza por informes o estadísticas, sino por resultados concretos:
- Cuánto tarda un juicio.
- Cuánto cuesta defender un derecho.
- Qué tan accesibles son los tribunales.
- Si las resoluciones realmente se cumplen.
- Si existe trato digno y humano.
Cuando una persona espera meses o años para resolver un conflicto laboral, familiar o patrimonial, la percepción de eficiencia institucional disminuye, aun cuando existan avances administrativos.
Nayarit muestra avances institucionales importantes: consolidación del nuevo modelo laboral, fortalecimiento del Poder Judicial, incremento de la especialización y generación de resultados medibles. Sin embargo, enfrenta los mismos desafíos que hoy afectan a gran parte del país: aumento de la carga de trabajo, necesidad de más personal jurisdiccional, modernización tecnológica y reducción de tiempos de resolución.
La verdadera prueba no será cuántos expedientes ingresan o cuántos informes se presentan. La verdadera prueba será si la ciudadanía percibe que la justicia llega a tiempo.
Porque una sentencia correcta que llega demasiado tarde deja de ser una victoria para el ciudadano y se convierte en una muestra más de la distancia entre las instituciones y la realidad de las personas.
La justicia en Nayarit avanza, pero el reto sigue siendo que avance al mismo ritmo que las necesidades de la sociedad.
“El vacío que nadie quiere discutir, ver y defender: “Las denuncias falsas”.
Existe además una realidad incómoda que pocas instituciones están dispuestas a reconocer públicamente.
Mientras el sistema de justicia busca proteger a las víctimas, objetivo legítimo e indispensable en cualquier Estado de Derecho, con frecuencia guarda silencio sobre los daños que pueden provocar las denuncias falsas, temerarias o realizadas de mala fe.
Hablar de este tema no significa desacreditar a las verdaderas víctimas. Significa defender un principio fundamental de la justicia: la verdad.
Porque cuando una persona utiliza una denuncia para vengarse, presionar, obtener ventajas personales, afectar una relación laboral, destruir una reputación o influir en un litigio familiar, no solamente perjudica al señalado. También lastima la credibilidad de quienes realmente necesitan protección.
Lo preocupante es que muchas veces el sistema carece de mecanismos efectivos para investigar y sancionar estas conductas.
La persona falsamente acusada puede perder su empleo, su patrimonio, su prestigio profesional, su tranquilidad familiar y hasta su salud emocional. Sin embargo, cuando finalmente logra demostrar su inocencia, pocas veces existe una reparación proporcional al daño sufrido.
En los hechos, pareciera que nuestro sistema jurídico cuenta con amplios instrumentos para iniciar procedimientos, pero muy pocos para responsabilizar a quien actúa con dolo o mala fe.
“La consecuencia es peligrosa”.
Se genera una percepción de impunidad para quien miente y de indefensión para quien resulta falsamente señalado.
La justicia debe proteger a las víctimas, pero también debe proteger a los inocentes.
Debe castigar a quien comete un delito, pero también a quien manipula las instituciones para perjudicar a terceros.
No puede existir una verdadera cultura de legalidad si la mentira procesal, la simulación y el abuso del derecho encuentran espacios de tolerancia dentro del propio sistema.
Una democracia sólida, no teme investigar las denuncias falsas. Por el contrario, las combate con la misma firmeza con la que combate cualquier conducta que atente contra la verdad y contra la justicia.
Porque tan grave es no creerle a una víctima verdadera como permitir que una acusación falsa destruya la vida de un inocente.
La justicia no puede construirse sobre prejuicios ni sobre intereses personales.
Debe construirse sobre pruebas, legalidad y verdad.
Y mientras las instituciones no asuman con seriedad esta discusión, seguirá existiendo una deuda pendiente con uno de los principios más importantes de cualquier Estado de Derecho: la presunción de inocencia.
Correo: http://zapata.nayarit@gmail
