Sin Redundar

Por Carlos Avendaño.

Cuando un estado comienza a pedir auxilio. Hay crisis políticas, hay crisis económicas, hay crisis de seguridad, y luego están las crisis que ponen en duda la capacidad misma del Estado para gobernar. Sinaloa parece acercarse peligrosamente a esta última categoría. La solicitud de desaparición de poderes respaldada por la senadora Paloma Sánchez y diversas organizaciones civiles no es un trámite cualquiera. No es una rueda de prensa más, no es una declaración destinada a perderse en el ciclo informativo, es una señal de alarma institucional. Porque la desaparición de poderes representa uno de los mecanismos más extremos contemplados en el sistema político mexicano. Es la herramienta que aparece cuando una parte de la sociedad concluye que las instituciones han dejado de cumplir adecuadamente su función. Y lo verdaderamente preocupante no es la solicitud, lo que realmente preocupa es que cada vez más ciudadanos consideran que la discusión tiene sentido. Las cifras presentadas por los promoventes son devastadoras, miles de homicidios, miles de desapariciones, miles de vehículos robados, miles de negocios afectados, miles de familias viviendo bajo una incertidumbre permanente. Más allá de cualquier debate partidista, existe una realidad difícil de ocultar. La seguridad se convirtió en la principal preocupación de los sinaloenses, y cuando la población pierde la tranquilidad, todos los demás indicadores terminan contaminando. La economía, la inversión, el empleo, el turismo, la confianza, en una palabra, absolutamente todo. Lo más delicado para el gobierno estatal no es la crítica de la oposición, porque la oposición siempre crítica. Lo verdaderamente delicado es que el cuestionamiento ya no proviene exclusivamente de los partidos políticos. Proviene de los empresarios, de las organizaciones civiles, de los profesionistas, de los ciudadanos que observan cómo la violencia se ha convertido en una presencia cotidiana. Porque existe una diferencia enorme entre enfrentar una crisis y parecer incapaz de controlarla. Y ahí es donde se encuentra hoy el principal problema político. Cada nuevo hecho violento, cada negocio que cierra, cada familia que abandona sus actividades por miedo, cada inversión que se pospone, alimenta la percepción de que las instituciones están perdiendo capacidad de respuesta. Quizá la desaparición de poderes no ocurra, quizá la solicitud no prospere, quizá todo termine archivado en algún escritorio de la capital del país. Pero esto no elimina la pregunta de fondo, ¿Por qué una parte creciente de la sociedad siente que tuvo que recurrir a una medida tan extrema para ser escuchada? Porque cuando los ciudadanos comienzan a pedir auxilio institucional, el problema ya no es solamente de seguridad, es de confianza. Y cuando la confianza pública se desploma, ni los discursos, ni las conferencias, ni los boletines oficiales logran contener la caída. Al final de cuentas, la desaparición de poderes no es la noticia más preocupante. La noticia más preocupante es que miles de sinaloenses han comenzado a preguntarse si el poder todavía está cumpliendo su función. Y cuando esta duda se instala en la sociedad, el verdadero problema apenas comienza…

La luz de los privilegiados. En Sinaloa hay ciudadanos que sienten miedo cuando miran una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad acercarse a su colonia y vaya que no es para menos. Miles de familias saben que cualquier irregularidad en un medidor puede traducirse en cobros impagables, ajustes extraordinarios o largas batallas burocráticas. Por esto la nueva denuncia pública del activista Roberto Blanco en contra de la senadora Imelda Castro Castro no está generando solamente ruido político, sino que está generando indignación. Según los señalamientos realizados por el activista, existirían documentos relacionados con consumos, cobros y observaciones técnicas efectuadas por la Comisión Federal de Electricidad en el domicilio de la legisladora. La discusión ya no gira únicamente alrededor de un recibo, sino que la discusión gira alrededor de una pregunta mucho más peligrosa para cualquier gobierno, ¿Las reglas son iguales para todos? Porque en México la gente puede soportar muchas cosas, pero lo que rara vez tolera es la percepción de privilegio. Si un ciudadano común enfrenta procedimientos severos por determinadas irregularidades técnicas, entonces la sociedad espera exactamente el mismo trato para cualquier funcionario, legislador o aspirante a un cargo público. Así de claro, ni más, ni menos. La igualdad ante la ley no funciona por simpatías políticas, tampoco por colores partidistas, y mucho menos por aspiraciones electorales. Lo más delicado para la senadora Imelda Castro no es la denuncia, porque los políticos sobreviven denuncias todos los días. Lo verdaderamente delicado es la duda, porque una denuncia puede aclarar, una duda pública suele durar mucho más tiempo, y cuando esta duda aparece justo en momentos en donde se habla de proyectos futuros, candidaturas y aspiraciones de gobierno, el costo político se multiplica. La ciudadanía observa y compara y saca sus propias conclusiones. Mientras miles de familias reciben los recibos de la CFE que golpean duramente la economía doméstica, cualquier señal de trato preferencial se convierte en combustible político. Por esto mismo la respuesta no debería ser el silencio, tampoco la descalificación automática. La respuesta debería ser la transparencia absoluta, mostrar documentos, aclarar procedimientos, explicar cifras y despejar dudas. Porque cuando la confianza pública entra en corto circuito, ninguna campaña política tiene suficiente voltaje para restablecerla. Y en política, como en la electricidad, los privilegios suelen generar más chispas que energía…

Cuando los números dejan de cuadrar. En política existen cifras que generan debate y existen cifras que generan sospechas. Las revelaciones presentadas por el periodista de investigación Víctor Hugo Arteaga sobre el patrimonio reportado por Enrique Díaz Vega pertenecen a la segunda categoría. Según la información difundida públicamente, existiría un crecimiento patrimonial extraordinario reflejado en declaraciones y en documentación que el periodista asegura haber recopilado durante sus investigaciones sobre la administración estatal. Si estos datos son correctos, la pregunta no debería ser política, sino que debería de ser matemática, ¿Cómo se explica un crecimiento de esta magnitud? Porque la transparencia pública tiene una característica muy sencilla, no consiste únicamente en presentar documentos, sino que consiste en que los documentos puedan entenderse. Y cuando los números parecen desafiar toda lógica común, las explicaciones dejan de ser opcionales, se vuelven indispensables. Nadie debería ser condenado por una denuncia periodística, pero tampoco debería considerarse un ataque al preguntar por cifras que llaman poderosísimamente la atención. De hecho, la rendición de cuentas funciona exactamente así, los periodistas investigan, los ciudadanos preguntan, los funcionarios responden, y las autoridades competentes deben de verificarlo. Este debería de ser el proceso normal en cualquier democracia. Aquí lo preocupante aparece cuando la respuesta institucional no consiste en aclarar, sino en desacreditar. Porque desacreditar preguntas jamás sustituye las respuestas. La discusión tampoco debería reducirse a una persona. El asunto de fondo es la confianza. Cuando un funcionario administra recursos públicos, está obligado a soportar un nivel de escrutinio mucho mayor que cualquier ciudadano común. Es parte del cargo, es parte de la responsabilidad y es parte del contrato democrático. Por esto las explicaciones claras fortalecen las instituciones, los silencios las debilitan. Al final de cuentas, este caso no se resolverá en las benditas redes sociales, pero tampoco en una conferencia de prensa, ni en columnas periodísticas, sino que esto debe resolverse con documentos verificables, explicaciones consistentes y, si corresponde, con la intervención de las autoridades competentes. Pero mientras esto ocurre, una realidad permanece. En política, los números tienen una extraña costumbre, hablan por sí solos. Y cuando comienzan a hacerlo, resulta muy difícil obligarlos a guardar silencio, porque las declaraciones pueden cambiar, los discursos pueden modificarse, las narrativas pueden construirse, pero las matemáticas siempre terminan exigiendo una explicación…

Sin Redundar y diciendo las cosas tal y como son. Suyos los comentarios estimados lectores…

Facebook: Carlos Avendaño   Twitter: @Carlosravendano    http://www.carlosavendano.mx

hectormunoz.com.mx - lagaceta.me - entreveredas.com.mx - rrcagenciainfomativa.com – nexusmedia.com – entreredes.com.mx