Redacción 
Zapata
“Cuando el poder amenaza con quitar el trabajo, los apoyos y la dignidad”.
Por Javier Zapata.
En México costó décadas construir una democracia donde el ciudadano pudiera votar libremente, sin persecución, sin amenazas y sin tener que arrodillarse frente al poder para conservar su sustento. Sin embargo, hoy resurgen prácticas que muchos creían enterradas: el uso del miedo, de la necesidad y del aparato gubernamental como herramientas de control político.
En colonias populares, oficinas públicas y dependencias municipales y estatales, cada vez son más frecuentes las denuncias sobre presiones ejercidas por operadores políticos, funcionarios y llamados “Servidores de la Nación”, quienes presuntamente condicionan programas sociales, exigen presencia en eventos partidistas, solicitan respaldo político y amenazan con retirar apoyos o incluso perder el empleo, si no existe obediencia política.
Lo grave no es únicamente la presión. Lo verdaderamente peligroso es que se pretenda normalizar.
Hoy miles de personas callan por miedo:
- miedo a perder su trabajo,
- miedo a que les retiren apoyos,
- miedo a ser señalados,
- miedo a represalias administrativas,
- miedo a quedarse sin ingresos para sostener a sus familias.
Ese miedo se ha convertido en una herramienta política.
Trabajadores y trabajadoras municipales denuncian presiones para asistir a eventos políticos, compartir propaganda, movilizar personas, participar en actos partidistas o respaldar públicamente proyectos políticos bajo advertencias veladas o directas:
“si no vas, habrá consecuencias”,
“recuerda quién te da trabajo”,
“hay listas”,
“hay que demostrar lealtad”.
Y mientras eso ocurre, muchos servidores públicos quedan atrapados entre su conciencia y la necesidad económica.
La pregunta es brutal pero necesaria:
¿desde cuándo el salario público depende de la obediencia política?
Ningún gobierno democrático puede exigir subordinación ideológica a cambio de estabilidad laboral.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el voto es libre, secreto y universal. Además, la Ley General en Materia de Delitos Electorales prohíbe condicionar programas sociales, utilizar recursos públicos con fines electorales o presionar a ciudadanos y trabajadores para favorecer a un partido político.
Los apoyos sociales no pertenecen a Morena.
No pertenecen a funcionarios.
No pertenecen a operadores territoriales.
Pertenecen al pueblo mexicano porque se financian con recursos públicos.
Y los empleos dentro de la administración pública tampoco deben convertirse en mecanismos de sometimiento político.
Cuando un trabajador es obligado a acudir a eventos partidistas bajo amenaza de perder su empleo, no estamos frente a disciplina institucional; estamos frente a posibles actos de coerción, abuso de poder y utilización facciosa del aparato gubernamental.
Cuando una persona adulta mayor, una madre soltera o una familia vulnerable siente miedo de perder un apoyo si no coloca propaganda o no promete votar por determinado partido, entonces el Estado deja de proteger derechos y comienza a administrar el temor.
Eso no es democracia.
Eso es control político basado en la necesidad humana.
¿Qué debe hacer la ciudadanía?
- Documentar todo
Es indispensable registrar:
- nombres,
- cargos,
- dependencias,
- mensajes,
- audios,
- capturas,
- listas,
- fotografías,
- videos,
- horarios,
- lugares,
- testigos.
Sin evidencia, muchas denuncias terminan archivadas.
- No firmar documentos bajo presión;
Nadie puede obligar a firmar listas de apoyo político, compromisos electorales o participación partidista para conservar programas o empleos.
- Pedir identificación y fundamento legal;
Toda persona que acuda en representación gubernamental debe identificarse plenamente y explicar el fundamento de sus actos.
- Denunciar
Las denuncias pueden presentarse ante:
- la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales,
- el Instituto Nacional Electoral,
- organismos electorales locales,
- órganos internos de control,
- comisiones de derechos humanos.
¿Dónde denunciar?
Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales
Las personas pueden denunciar:
- condicionamiento de programas sociales,
- amenazas laborales,
- presión política,
- coacción del voto,
- uso electoral de recursos públicos.
Denuncia en línea:
https://fisenet.fgr.org.mx/
Teléfono:
800 833 7233
Instituto Nacional Electoral
Para denunciar:
- uso político de programas sociales,
- propaganda obligatoria,
- presión sobre trabajadores,
- utilización electoral de funcionarios públicos.
INETEL:
800 433 2000
Instituto Estatal Electoral de Nayarit
Para denunciar prácticas político-electorales en el ámbito local.
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Nayarit
Cuando existan:
- amenazas,
- intimidación,
- abuso institucional,
- hostigamiento político o laboral.
Para trabajadores del Ayuntamiento o Gobierno del Estado;
También pueden acudir a:
- Contralorías,
- Órganos Internos de Control,
- Tribunal de Justicia Administrativa,
- Secretaría de Honestidad y Función Pública.
Especialmente cuando existan:
- amenazas de despido,
- listas políticas,
- presión para asistir a eventos,
- obligación de operar electoralmente.
La democracia no puede construirse con amenazas.
Un gobierno seguro de su legitimidad convence; no intimida.
Un gobierno democrático dialoga; no presiona.
Un gobierno auténticamente popular no necesita utilizar la pobreza ni el empleo como instrumentos de control político.
La tragedia más peligrosa no es solamente que existan amenazas.
La tragedia es que millones comiencen a pensar que eso es normal.
México no puede regresar a los tiempos donde la despensa, el empleo público o el programa social decidían el voto de las personas.
Porque el trabajo no se debe al partido.
Porque los apoyos no son favores personales.
Porque ningún funcionario está por encima de la Constitución.
Y porque cuando el poder pretende gobernar mediante el miedo, la ciudadanía tiene el deber moral y democrático de recordar que la dignidad jamás debe condicionarse a la obediencia política.
Correo: zapata.nayarit@gmail.com
